Una empleada de una entidad pública fue condenada a tres años de prisión por la estafa a maestros con falsos nombramientos en la provincia Barahona durante el concurso de oposición docente de 2023, según sentenció la jueza Santa Kenia Pérez Féliz, del Tribunal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona.
La condenada, Ana Minerva Terrero Sánchez, deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Baní, en la provincia Peravia. Además, está obligada a pagar a una de las víctimas denunciantes una indemnización de RD$500,000 y a restituir el monto sustraído, que asciende a RD$880,000.
El esquema de la estafa
Terrero Sánchez utilizó su posición como empleada de una institución pública para proyectar credibilidad ante las víctimas. Les aseguró que tenía influencia dentro del Ministerio de Educación (Minerd) y en el Distrito Educativo de Barahona, y se ofreció a manipular sus calificaciones —y las de familiares de estas personas— para garantizarles un nombramiento docente en esa provincia del sur del país.
La denuncia formal fue presentada el 31 de octubre de 2023. Una de las víctimas declaró que ni ella ni sus parientes lograron superar las pruebas ni obtener el nombramiento prometido, por lo que exigieron la devolución del dinero entregado. Aunque Terrero Sánchez se comprometió a reembolsar los fondos, no cumplió ese acuerdo, lo que derivó en su sometimiento a la justicia.
El proceso judicial
La investigación estuvo a cargo del fiscal Johedis Medina. En la litigación, el Ministerio Público fue representado por la fiscal Vilmania Pérez y la aspirante a fiscalizadora Fiordaliza Gómez. La jueza Pérez Féliz declaró buenos y válidos los elementos probatorios aportados por la fiscalía antes de emitir la sentencia condenatoria.
El caso expone la vulnerabilidad de los docentes que participan en concursos de oposición ante esquemas de fraude protagonizados por personas que explotan su posición institucional. La estafa a maestros con falsos nombramientos no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que distorsiona el acceso meritocrático al sistema educativo público. El seguimiento a este tipo de condenas será clave para evaluar el efecto disuasorio sobre prácticas similares en otros distritos educativos del país.
