En la misma escena del monasterio con que suele recordarse Los hermanos Karamazov —la reunión convocada para resolver el pleito familiar de los Karamazov ante el starets Zósimo—, ocurre antes del escándalo un momento menos citado, pero más denso. Piotr Alexandrovich Miusov recuerda un artículo que escribió años atrás Iván Karamazov sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La tesis de Iván, resumida por Miusov con cierta ironía, es que la solución habitual —una Iglesia tratada como una institución más, subordinada al poder civil y regulada por sus leyes— es en realidad un error de diseño. Lo correcto, sostiene Iván, sería lo inverso: que no existan dos jurisdicciones paralelas gobernando a las mismas personas en el mismo territorio, sino una sola. Zósimo, con más matiz que Miusov, no rechaza la inquietud de fondo: reconoce que hoy conviven dos autoridades incompletas y superpuestas, sin que esté resuelto cuál gobierna realmente sobre qué, y llama a esa convivencia una situación transitoria y anómala, no una solución estable.
Vale la pena tomarse en serio esa idea, porque describe con una precisión inesperada un rasgo estructural de la economía dominicana que rara vez se nombra así: el país tiene, en un sentido bastante literal, dos regímenes fiscales operando sobre el mismo territorio, bajo las mismas leyes generales del Estado, pero con reglas tributarias casi completamente separadas entre sí —zonas francas no es el único régimen de excepción dominicano, pero sí el más extendido, y el que mejor ilustra el problema—.
Las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas, amparadas en la Ley 8-90, están exentas del Impuesto Sobre la Renta durante 15 a 20 años —no una tasa reducida: una exención total— y de otros nueve tributos adicionales. No es un beneficio marginal ni aplicado a un puñado de empresas: al cierre de 2025, el régimen sumaba 858 empresas activas en 98 parques industriales, generaba 198,548 empleos directos —cerca de 693,000 si se cuentan los indirectos— y sus exportaciones representaron más de 56% del total exportado por el país. Es, con holgura, uno de los pilares de la economía formal dominicana. Y, sin embargo, vive bajo un código fiscal que no es el mismo que rige a cualquier otra empresa dominicana que no calificó, o no quiso calificar, para ese régimen.
La pregunta que plantea Iván Karamazov sobre la Iglesia y el Estado —¿deben coexistir dos jurisdicciones paralelas indefinidamente, o una debería, con el tiempo, disolverse dentro de la otra?— tiene un equivalente fiscal casi exacto: ¿debería el régimen de excepción converger, gradualmente, hacia el régimen general a medida que un sector madura, o la coexistencia permanente de dos sistemas tributarios es, sencillamente, el estado en que va a vivir la economía dominicana, sin resolución definitiva a la vista?
La respuesta no es obvia, y conviene resistir la tentación de una salida fácil en cualquiera de las dos direcciones. Eliminar o reducir el régimen de zonas francas sería insensato dado su peso en el empleo formal y las exportaciones; ningún país que compite por inversión de manufactura relocalizada puede permitirse esa señal. Pero mantener el régimen tal como está, sin ningún mecanismo de convergencia ni revisión periódica, tampoco es neutral: es, en la práctica, una decisión de que el «Estado dentro del Estado» sea permanente.
Hay, además, un dato reciente que conviene mirar con cuidado, aunque sin forzarlo más de lo que permite. El objetivo original de las zonas francas fue dinamizar el empleo y las exportaciones a cambio de renunciar a la recaudación. En 2025, las exportaciones del sector crecieron apenas 0.6% y el empleo apenas 0.8%, mientras que las exportaciones de manufactura dominicana bajo el régimen general —el que sí paga el ISR completo— crecieron 36% en el mismo período.
Pero esa comparación de un solo año no alcanza para declarar invertida la lógica del régimen: los datos del primer trimestre de 2026 muestran una reactivación fuerte de la manufactura de zonas francas, con un crecimiento de 7.8%, lo que sugiere que el estancamiento de 2025 pudo ser una fluctuación coyuntural más que un cambio estructural. Lo que sí puede afirmarse con la evidencia disponible es algo más modesto, pero igual de relevante: el crecimiento del régimen exento no es automático ni garantizado año tras año por el solo hecho de estar exento, y en el período reciente el régimen general —sin ningún incentivo comparable— ha mostrado un dinamismo exportador al menos equivalente. Esa sola comparación ya basta para cuestionar que la exención sea, por sí misma, la variable que explica el desempeño.
El Banco Interamericano de Desarrollo evaluó, en un estudio de 2015, con microdatos los regímenes de Costa Rica, El Salvador y República Dominicana, y de ese ejercicio salió una propuesta concreta de rediseño. Su conclusión no es eliminar el incentivo, sino cambiar su forma: en lugar de una exoneración total del Impuesto Sobre la Renta que dura toda la vigencia del régimen —lo que termina premiando por igual al proyecto que sigue invirtiendo y al que ya maduró y solo cosecha rentabilidad extraordinaria—, concentrar el beneficio en la inversión nueva mediante amortización instantánea: una empresa que reinvierte una porción relevante de sus activos cada año no paga impuesto sobre esa inversión, pero una empresa que dejó de invertir y simplemente sigue exenta por inercia, sí tributaría sobre sus ganancias. Es, en esencia, premiar el comportamiento que se busca fomentar, no la mera pertenencia al régimen.
Y no hace falta imaginar cómo luciría la convergencia gradual: ya existe en la región. Costa Rica limita la exoneración total a los primeros ocho años, después de los cuales la tasa sube a 50% del impuesto —no es indefinida—. El Salvador, en una reforma de 2013, fue más allá: redujo el beneficio a 100% durante 15 años, luego 60% durante una década, luego 40% durante otra, con los dividendos empezando a tributar desde el año 13. República Dominicana, en cambio, mantiene una exoneración plana del 100% durante toda la vigencia del régimen —15 años, o 20 en zonas fronterizas— sin ningún escalonamiento intermedio. No es que la convergencia gradual sea una idea sin probar: es que, entre los tres países que comparten el mismo modelo de zona franca centroamericano y caribeño, República Dominicana es el que menos ha avanzado hacia ella.
Aquí hay que frenar el entusiasmo antes de que se dispare. El mismo estudio del BID, con datos dominicanos que llegan hasta 2012, encontró en ese entonces que las empresas acogidas al régimen de zona franca habían crecido más en ventas y en intensidad laboral que las empresas sin beneficios —un resultado que no se repitió al hacer el mismo ejercicio en El Salvador—. Es una evidencia histórica, no una fotografía del régimen actual, y los propios autores advierten que ese tipo de comparación no proviene de un experimento aleatorio: las empresas que se acogen a un régimen de incentivos no son una muestra al azar, así que parte de esa diferencia de desempeño pudo deberse a qué tipo de empresa elige entrar al régimen desde el principio, no solo al efecto del incentivo en sí.
Dicho eso, tampoco hay que descartar el hallazgo: en su momento fue evidencia real de que el régimen dominicano, a diferencia del salvadoreño, sí parecía tener algún efecto positivo distinguible. Lo honesto es reconocer que no hay una actualización reciente y rigurosa de ese ejercicio que permita saber si esa diferencia sigue existiendo hoy. La pregunta que deja planteada la evidencia disponible no es si el incentivo funcionó alguna vez —hay indicios históricos de que sí, al menos parcialmente—, sino si el país sigue pagando, más de una década después y sin haberlo revisado, el mismo precio por un resultado que ya nadie ha vuelto a medir.
Zósimo nunca resuelve del todo el dilema que plantea Miusov; se limita a nombrarlo como una situación de transición que la historia, con el tiempo, tendrá que ordenar. Pero a diferencia de la novela, aquí sí hay una respuesta técnica disponible, y hay vecinos que ya empezaron a aplicarla. Lo que no está claro es por qué República Dominicana no ha hecho lo mismo —si es una omisión que nadie ha puesto sobre la mesa, una resistencia deliberada, o algún obstáculo legal o contractual que el debate público desconoce—. Mientras esa pregunta no se responda, el país sostiene su propio «Estado dentro del Estado», como en el monasterio de Zósimo, una anomalía que reconoce a medias, sin resolverla del todo, mientras decide qué clase de Estado quiere ser.
