El 16 de agosto de 2026, Alejandro Fernández W. concluirá sus seis años al frente de la Superintendencia de Bancos (SB). Dada la importancia de dicha institución para la estabilidad macroeconómica, el desarrollo nacional y el bienestar de las personas, conviene realizar un balance riguroso de los resultados de su gestión.
Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025, el sistema financiero dominicano experimentó una mejora significativa en términos de tamaño, rentabilidad y solvencia. Los activos totales pasaron de representar un 43.6 % a un 52.6 % del producto interno bruto (PIB), un incremento de nueve puntos porcentuales, lo que refleja mayor capacidad de transformar el ahorro en inversión. El retorno sobre patrimonio (ROE) subió del 15.9 % al 18.65 %, una señal de que las entidades están operando con mayor eficiencia y generan más valor sobre el capital invertido. El índice de solvencia subió de un 16.55 % a un 17.7 %, muy por encima del 10 % mínimo exigido por la normativa prudencial. Un indicador con resultados menos favorables es la morosidad, que aumentó del 1.7 % al 1.87 % durante ese período. Cooperar con el resto de las autoridades monetarias para revertir ese comportamiento es una tarea para la próxima gestión.
La SB modernizó, entre 2020 y 2026, su marco de supervisión mediante la actualización de metodologías y la incorporación de herramientas destinadas a automatizar los procesos de captura y procesamiento de información financiera, como el Portal Monetario y Financiero (PAMF). Todo esto amplió la calidad de la supervisión y consolidó una práctica más consistente, basada en riesgos y orientada a detectar vulnerabilidades a tiempo. A esos avances se suman las 593 inspecciones realizadas, con especial hincapié en riesgos, las cuales fortalecen la estabilidad del sistema financiero dominicano.
Entre agosto de 2020 y julio de 2026, la entidad puso en vigencia 185 normas(12 instructivos, 99 circulares y 74 cartas circulares) para alinear el sistema financiero dominicano con estándares internacionales. En el frente prudencial, la actualización del Manual de Requerimientos de Información, el criterio de valor razonable y las pruebas de estrés consolidaron un enfoque de supervisión basado en riesgos. Gracias a eso, el marco normativo se presenta más robusto y coherente con los desafíos de un sistema financiero en transformación.
En paralelo, la SB reforzó su capital humano a través de la incorporación de perfiles especializados y la ejecución de programas de formación con el apoyo de organismos internacionales. Dicha inversión fortaleció la capacidad analítica de la SB y mejoró la coordinación entre sus distintas áreas, lo que permitió implementar de una forma consistente y sostenible el modelo de Supervisión Basada en Riesgos.
El proceso de modernización de la SB se ha traducido en una estrategia más eficaz de disolución de entidades financieras en dificultades. El caso más visible de esa fortaleza es el manejo de Bancamérica en 2022. La SB transfirió sus activos y pasivos a una entidad solvente en 60 días, conforme a lo establecido en la normativa vigente. El proceso de liquidación permitió devolver todos los recursos a los depositantes no vinculados, sin costo para el Estado ni para el sistema bancario.
En materia de transparencia, la SB construyó uno de los expedientes más sólidos de la administración pública dominicana. Debido a la mejora de los indicadores de transparencia y acceso a la información, obtuvo en 2026 una puntuación de 99.7 en el índice de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Asimismo, el cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado alcanzó una nota promedio de 96.3 durante el último lustro.
La inclusión financiera —con la Cuenta Básica de Ahorros, la Cuenta Básica para Pagos de Nómina y la Cuenta Básica para mipymes— y la protección al usuario son, sin lugar a duda, dos de los avances más importantes a favor del ciudadano. Un logro destacable fue la erradicación en 2024 de los desiertos bancarios, lo que significa que en todos los municipios del país existe cobertura financiera. Por otro lado, la aplicación móvil ProUsuario amplió el acceso a los mecanismos de reclamación. A través de dicha aplicación se puso en marcha un blog especializado en finanzas personales, ya que la gestión actual considera que «una ciudadanía mejor informada toma decisiones financieras más seguras.» La facilidad para presentar reclamaciones permitió que la SB ordenase devolver a los usuarios 785.9 millones de pesos en ese período, casi diez veces lo acumulado en la década anterior.
El fortalecimiento institucional interno también forma parte del legado. La ejecución presupuestaria pasó de un 66 % en 2020 a un promedio del 89 % anual. Al mismo tiempo, la institución obtuvo certificaciones ISO en calidad, antisoborno, seguridad de la información y continuidad de negocio. Los indicadores revelan que la organización dejó de operar por inercia y empezó a medirse a sí misma para mejorar de forma continua.
El balance de estos seis años es, en suma, favorable: más solvencia, más transparencia, más inclusión financiera y una función de protección al usuario transformada de raíz. Por todo ello, la nueva administración de la SB no puede limitarse a gestionar el legado recibido. Es imprescindible que modernice todavía más la agenda regulatoria para acercarla cada día a las mejores prácticas internacionales. La solidez que hoy exhibe el sistema financiero dominicano no es un estado permanente, es el resultado de una vigilancia constante que la nueva administración tendrá que mantener.
La gestión de una institución pública se parece, en el fondo, a una carrera de relevos: por muy veloz que sea el corredor de turno, si no sabe entregar el testigo, el relevo se pierde. Álex deja la Superintendencia de Bancos en un momento extraordinario. Pudo haberse quedado, entronizarse hasta el último tramo alegando que aún tiene mucho que aportar —y, en efecto, así es—, pero optó por confiar en que otros también pueden recorrerlo con éxito. No es necesario ser un faraón para dejar un gran legado. Ese gesto, tan poco común en la administración pública dominicana, es quizá el mejor indicador de que el relevo de agosto tiene el reto de no perder el paso.
