La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el 19 de junio el Registro de Proveedores del Estado (RPE) a 11 empresas vinculadas a 10 senadores por incumplir la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, lo que desató una cadena de desmentidos entre los legisladores afectados.
La medida toca directamente al corazón del Senado: la Ley 47-25 prohíbe a los legisladores en funciones poseer o participar en empresas que suplan bienes o servicios al Estado, una restricción diseñada para evitar que el cargo político se convierta en una ventaja comercial. La suspensión del RPE —el registro que habilita a una empresa a contratar con organismos públicos— equivale a bloquear temporalmente esa vía de negocio con el Gobierno.
Las negaciones de Marte y Bournigal
El senador Casimiro Antonio Marte Familia, por Santiago Rodríguez, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró que ninguna de sus empresas opera como suplidora del Estado. Señaló que al ganar la senaduría en 2020 recibió y acató la comunicación sobre la prohibición de vender al Estado mientras ejerce el cargo. «Ellos lo que tienen es que sacar a quienes suplen al Estado de esa gente. Salió mi empresa ASETRAN, SRL, Comercial La Sidra. Pero, ahí no está la inmobiliaria. Yo tengo muchas empresas que no están registradas. Mis empresas no les suplen al Estado. Mira Rancho Guacamayo, es una de las empresas más grandes, debería estar ahí. Yo le suplía al Estado cinco mil comidas cuando entró el PRM al poder, pero ya no suplo al Estado», declaró el legislador y empresario. Marte es el único de los 10 senadores al que la DGCP le suspendió dos registros: los de Comercial La Sidra, SRL y Asetran, SRL.
Ginnette Altagracia Bournigal de Jiménez, senadora por Puerto Plata también del PRM, negó ser suplidora del Estado y aclaró que su nombre aparece únicamente vinculado a un programa de televisión del que es accionista y que recibe publicidad de familiares y allegados. «Es que nunca he tenido registro de suplidora del Estado. Deben suspenderle la compañía a quienes las tienen, no a mí. Esa acotación de la Comisión Interna del Senado no vale la pena. Lo que no entiende es su intención de hacerme daño», sostuvo. La DGCP la identificó como accionista de Turinortv, SRL.
La postura del presidente del Senado
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, salió en defensa del cuerpo legislativo y calificó la suspensión no como «una sanción», sino como una notificación administrativa. Consideró además «inoportuno» el momento en que la medida se hizo pública, sin precisar sus razones para ese juicio.
Los 10 senadores con el RPE suspendido
Según los informes publicados por la DGCP, la lista completa de legisladores con el Registro de Proveedores del Estado suspendido es la siguiente: Moisés Ayala Pérez (Barahona), accionista de Instituto de Medicina Popular, S.A.; Santiago José Zorrilla (El Seibo), accionista de Combustibles Alternativos José Espinal, SRL; Jonhson Encarnación Díaz (Elías Piña), accionista de Centrimed (Centro de Investigaciones Médicas), SAS; Carlos Manuel Gómez Ureña (Espaillat), accionista de Unión Telecard Dominicana, SRL; Ginnette Bournigal (Puerto Plata), accionista de Turinortv, SRL; Gustavo Lara Salazar (San Cristóbal), accionista de LGestión Proactiva Gespro, SRL; Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes (Santiago), accionista de Unión Médica del Norte, SAS; Bernardo Alemán Rodríguez (Montecristi), titular de un RPE a título personal; Casimiro Antonio Marte Familia (Santiago Rodríguez), accionista de Comercial La Sidra, SRL y Asetran, SRL; y Alexis Victoria Yeb (María Trinidad Sánchez), gerente de Constructora 059041, SRL.
El siguiente paso estará en la DGCP y en la Comisión Interna del Senado: si las empresas acreditan que dejaron de operar como suplidoras o que sus vínculos no implican una infracción vigente de la Ley 47-25, el registro podría ser rehabilitado; de lo contrario, la suspensión podría derivar en sanciones más severas bajo la misma normativa.
