DIARIO FINANCIERO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) abrió un nuevo frente político contra el Gobierno al cuestionar la reforma a la Ley de Residuos Sólidos que se discute en el Congreso, apenas un año después de promulgada la legislación vigente. La acusación de la principal fuerza opositora apunta a un patrón que, según su discurso, se repite en cada iniciativa de alto impacto: aprobar primero y consensuar después.
El planteamiento, formulado este lunes en rueda de prensa por Richard Medina, miembro del Comité Central del PLD, no se limita a un proyecto de ley. La organización morada sostiene que el oficialismo está promoviendo cambios estructurales de calado económico, fiscal y social sin estudios técnicos públicos, sin escuchar a las instituciones ejecutoras y sin abrir espacios reales de negociación con los sectores afectados.
Reforma A La Ley De Residuos Sólidos: El Caso Que Encendió La Crítica
El detonante de la denuncia es la propia Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, promulgada hace poco más de un año. El PLD recuerda que, durante el debate original, advirtió que el texto contenía disposiciones que limitaban las competencias de los gobiernos locales y reclamó garantías para preservar la libre competencia en el sector. Esas observaciones, sostiene la directiva morada, fueron desestimadas en su momento por la mayoría oficialista.
Para la oposición, el hecho de que el Ejecutivo impulse hoy una reforma a la Ley de Residuos Sólidos que ya estaba vigente equivale a una admisión tácita de que la norma original requería correcciones. La crítica gana fuerza con la coyuntura: al menos 11 gremios empresariales han rechazado públicamente la modificación en curso, mientras asociaciones del comercio mayorista han alertado sobre su impacto en la operación del sector.
Una Oposición Que Busca Reposicionarse
Medina enmarcó el reclamo dentro de lo que llamó una «oposición responsable», formulando propuestas y alternativas en lugar de simple confrontación. El dirigente reconoció que la nueva iniciativa «procura corregir parcialmente algunos problemas de proporcionalidad» de la versión anterior, al introducir una escala de contribuciones más gradual. Pero advirtió que ese ajuste no resuelve el problema de fondo.
«Resulta preocupante que una reforma de esta magnitud avance sin que se haya informado al país cuál fue la participación técnica del Ministerio de Medio Ambiente, del Fideicomiso DO Sostenible y de otras instituciones directamente responsables de ejecutar la política nacional de residuos»
El planteamiento del PLD pone sobre la mesa una pregunta política de mayor alcance: si una reforma a la Ley de Residuos Sólidos de esta magnitud avanza sin transparentar los insumos técnicos que la sustentan, qué garantías existen para reformas aún más sensibles que el oficialismo ha anunciado para los próximos meses.
El Choque Con La Mayoría Del PRM
La denuncia política llega además con un señalamiento directo al bloque oficialista. El PLD acusó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de utilizar su mayoría absoluta en el Congreso Nacional para imponer proyectos sin medir consecuencias colectivas, en un mensaje que apunta a instalar la idea de un oficialismo que legisla por mayoría aritmética y no por consenso técnico.
En materia ambiental, el partido morado defendió que el principio de «quien más contamina debe contribuir más» es un criterio correcto, pero subrayó que una política pública del sector no puede medirse únicamente por su capacidad recaudatoria. La reforma a la Ley de Residuos Sólidos, plantearon, debe evaluarse por sus resultados verificables en reducción de residuos, aumento del reciclaje y mejora del desempeño ambiental, no por la contribución especial que introduce.
