Hay algo profundamente irónico en que, más de un siglo después de que Elizabeth Magie diseñara un juego para denunciar los monopolios y los abusos del poder económico, Monopoly, hoy los gobiernos pretendan usar el mundo digital exactamente para lo contrario: ampliar su capacidad recaudatoria sin resolver las distorsiones estructurales de la economía. El reciente debate sobre aplicar ITBIS a plataformas digitales en República Dominicana vuelve a poner sobre la mesa una vieja tentación estatal: gravar primero, modernizar después.
La Dirección General de Impuestos Internos ha anunciado que trabaja en un mecanismo para aplicar el 18 % de ITBIS a servicios digitales consumidos en el país, incluyendo plataformas como Netflix, Spotify, Airbnb y servicios de publicidad digital. La medida se presenta como una forma de “igualar condiciones” entre empresas locales y plataformas extranjeras. Sin embargo, en la práctica, este tipo de impuestos rara vez los absorben las corporaciones tecnológicas; el costo termina trasladándose al consumidor final. Eso significa suscripciones más caras, publicidad digital más costosa para pequeños negocios y mayores gastos para profesionales independientes, emprendedores y jóvenes que dependen de herramientas digitales para trabajar o generar ingresos.
Mi oposición a este impuesto no nace de una visión antiestado simplista, sino de una preocupación más profunda sobre la mentalidad fiscal que domina gran parte de América Latina, incluida República Dominicana.
Cada vez que surge una nueva innovación tecnológica, la primera reacción del aparato estatal parece ser preguntarse cómo gravarla, no cómo convertirla en una oportunidad de competitividad y crecimiento económico. En vez de pensar en cómo atraer empresas tecnológicas, reducir trabas regulatorias o incentivar la economía digital, el enfoque vuelve a centrarse en ampliar la capacidad recaudatoria.
En la práctica, un ciudadano dominicano en una simple factura de telecomunicaciones, pagar el teléfono, puede terminar pagando alrededor de un 30 % total en impuestos: 18 % de ITBIS, 10 % de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y 2 % de Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT). Eso significa que, de cada RD$100 de recarga telefónica, solo aproximadamente RD$70 realmente se convierten en minutos, datos o llamadas. Los restaurantes y servicios turísticos también muestran claramente la presión tributaria indirecta. Una comida en un restaurante formal normalmente incluye 18 % de ITBIS más el 10 % de propina legal, elevando automáticamente la factura en un 28 % antes de cualquier propina adicional voluntaria.
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Y ni hablemos de los combustibles ante la crisis del estrecho de Hormuz, con impuestos específicos por galón más un 16 % ad valorem sobre hidrocarburos, lo que convierte el precio de gasolina y gasoil en uno de los componentes más sensibles del costo de vida dominicano.
A todo esto se suman otros gravámenes menos visibles, pero igualmente significativos dentro de la estructura fiscal dominicana. Existen retenciones de hasta un 27 % sobre determinadas remesas y pagos realizados al exterior por empresas, un impuesto del 1 % sobre los activos empresariales, así como el 0.15 % aplicado a transacciones financieras y cheques. También se mantienen aranceles de importación que pueden variar entre 0 % y más de 20 % dependiendo del producto, además del 17 % aplicado sobre el valor CIF en la primera placa de vehículos importados. Y ahora se pretende añadir otro 18 % de ITBIS a plataformas digitales y servicios tecnológicos.
Aquí es donde la historia detrás del juego de mesa Monopoly se vuelve especialmente relevante. El filósofo social Henry George defendía un “impuesto único” sobre la tierra porque consideraba que la proliferación de impuestos dispersos y arbitrarios sofocaba la actividad productiva. Su propuesta buscaba simplificar el sistema tributario y reducir privilegios económicos. Hoy ocurre exactamente lo contrario: cada nueva actividad económica se convierte en una nueva oportunidad para imponer más cargas fiscales. El espíritu original detrás de Monopoly no era glorificar el monopolio, sino advertir sobre cómo sistemas económicos mal diseñados pueden concentrar poder y empobrecer a la mayoría.
Además, existe un antecedente reciente que demuestra que el propio Gobierno entiende lo impopular de estas medidas. En 2025 se emitió un decreto para cobrar ITBIS a plataformas digitales, pero posteriormente fue derogado tras la presión pública y el rechazo ciudadano. Ahora el tema regresa con un enfoque más técnico y gradual, pero el fondo sigue siendo el mismo: utilizar la digitalización no para liberar la economía, sino para ampliar la capacidad de fiscalización y cobro del Estado.
El problema no es únicamente Netflix pagando impuestos. El verdadero riesgo es normalizar una expansión tributaria permanente sobre toda la economía digital futura. Hoy son las plataformas de entretenimiento; mañana podrían ser servicios en la nube, herramientas de inteligencia artificial, plataformas de trabajo remoto, educación online o aplicaciones financieras digitales. En una economía cada vez más conectada, gravar excesivamente el ecosistema digital puede terminar desincentivando innovación, inversión y formalización.
República Dominicana necesita modernización fiscal, pero modernizar no significa simplemente cobrar más impuestos utilizando herramientas tecnológicas. Modernizar debería implicar simplificar el sistema tributario, reducir la evasión sin castigar la innovación, transparentar el gasto público y convertir al país en un centro competitivo para la economía digital regional. Cuando el Estado responde a cada avance tecnológico con más impuestos en vez de más competitividad, corre el riesgo de convertir el desarrollo digital en otra fuente de dependencia fiscal.
La gran lección histórica detrás de Monopoly sigue vigente. Cuando las reglas económicas se diseñan principalmente para fortalecer el control de quienes manejan el tablero, el resto de los jugadores inevitablemente termina pagando la cuenta.
