Digito, una empresa dominicana especializada en firma electrónica cualificada, identidad digital y servicios de confianza, se presentó formalmente en Santo Domingo en un encuentro con representantes del sector legal y empresarial del país. La compañía entra a un mercado con marco legal vigente desde hace más de dos décadas, pero cuya adopción real en procesos públicos y privados recién comienza a acelerarse.
La irrupción de Digito ocurre cuando contratos, autorizaciones y relaciones comerciales migran masivamente al entorno digital, lo que convierte la verificación de identidad y la integridad de los documentos en una necesidad operativa para empresas de todos los sectores. En la práctica, quienes dependan de procesos documentales físicos (impresión, traslado, firma manuscrita, escaneo y archivo) pueden enfrentarse a fricciones crecientes frente a competidores que ya operan con herramientas digitales legalmente válidas.
Propuesta y tecnología propia
La empresa desarrolló infraestructura tecnológica propia para prestar servicios de confianza y opera dentro del marco regulatorio supervisado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL). Su plataforma combina identificación de las partes, firma de documentos electrónicamente y conservación de evidencia verificable de los procesos digitales.
«Durante mucho tiempo la conversación se ha quedado en si podemos firmar digitalmente. Para nosotros la pregunta es mucho más amplia: ¿cómo sabemos que realmente eres tú?, ¿cómo sabemos que ese documento sigue siendo el mismo y cómo podemos demostrar después lo que ocurrió? Ahí es donde empieza la confianza digital, y ese es el problema que queremos ayudar a resolver desde Digito», afirmó Gabriella Gómez Tolari, CEO de la empresa.
Erika Padován, directora Comercial y de Marketing, amplió el enfoque: «Cuando hablamos de firma electrónica no hablamos solamente de dejar de imprimir. Hablamos de cómo hacemos negocios, cómo contratamos, cómo prestamos servicios y cómo nos relacionamos con nuestros clientes en una economía cada vez más digital.»
Marco legal y avance regulatorio
República Dominicana cuenta con un marco jurídico para el reconocimiento de documentos y firmas digitales desde la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, promulgada hace más de dos décadas. Lo que se ha acelerado recientemente es su aplicación efectiva.
A finales de marzo de 2026, el Gobierno autorizó el uso de la firma electrónica cualificada para la aprobación de órdenes de pago a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), con el propósito de reducir tiempos en la gestión administrativa pública. Adicionalmente, mediante la Resolución 50-2024 fue aprobado el Reglamento de Aplicación de la Ley 140-15 sobre Notariado para el uso de documentos y firmas digitales en la función notarial, presentado públicamente por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en julio de 2025.
Sectores con mayor potencial de adopción
Según Digito, los sectores con mayor potencial de transformación incluyen contratación y gestión de recursos humanos, servicios financieros y seguros, operaciones de bienes raíces, procesos de contratación comercial, autorizaciones internas y relaciones con clientes, y gestiones corporativas que requieran identificar a las partes y conservar evidencia verificable.
La adopción de estas herramientas puede reducir fricciones operativas, habilitar procesos completamente remotos y mejorar la productividad en organizaciones que aún dependen del flujo físico de documentos.
El interrogante que la empresa deja abierto al mercado es si la conversación empresarial dominicana está lista para pasar de preguntarse si es posible firmar digitalmente a definir qué procesos de negocio se pueden transformar mediante la confianza digital. «República Dominicana está avanzando hacia una economía cada vez más digital. El próximo paso es lograr que esa transformación llegue a los procesos cotidianos de las empresas y que podamos mover al entorno digital operaciones cada vez más relevantes sin sacrificar seguridad, trazabilidad ni confianza», señaló Gómez Tolari.
