A casi tres meses del inicio de la guerra en Oriente Medio, más de mil tanqueros y 20,000 tripulantes permanecen atrapados en el Golfo Pérsico. La disrupción ha excluido más de mil millones de barriles del suministro global de crudo y derivados.
El director de la Agencia Internacional de Energía (IEA) advirtió desde el inicio que estábamos ante el mayor shock de oferta energética de la historia. Y, aun así, los últimos datos de la economía dominicana, los precios del petróleo y su transmisión parcial hacia la economía local, sugieren otra lectura —la de una disrupción aparentemente transitoria.
El próximo trimestre revelará si esta extraña calma refleja resiliencia o rezago: si lo peor en precios energéticos ya pasó o apenas empieza a transmitirse; si la guerra se encamina hacia una salida o entra en una fase más persistente; y si República Dominicana puede seguir respondiendo con medidas pensadas para semanas cuando el shock ya se mide en meses.
Una extraña calma
La calma no es inventada. Tiene cifras que la sostienen.
Las proyecciones de crecimiento de las principales multilaterales —CEPAL (4%), FMI (3.7%), Banco Mundial (3.6%)— y el Marco Macroeconómico del propio gobierno (3.8%) anticipan una recuperación desde la desaceleración profunda y atípica registrada el año pasado, cuando apenas crecimos 2.1%.
De cumplirse, RD sería la sexta economía de mayor crecimiento en América Latina. De hecho, tras un mes de guerra ya incorporado en los datos, en marzo el BCRD reportó una expansión interanual de 5.1%, la mayor en doce meses.
Pese a la incertidumbre global, el riesgo país dominicano permanece cercano a mínimos históricos e incluso inferior al de países con grado de inversión y exportadores de crudo, como México.
Bank of America va más lejos y describe los bonos soberanos dominicanos como los de mejor valor relativo entre los importadores de energía de la región.
Que esto ocurra en una economía importadora neta de petróleo, en plena escalada del crudo, es una señal elocuente de resiliencia. Pero parte de esa resiliencia proviene de una anestesia macroeconómica.
Desde el inicio del conflicto, el precio internacional del petróleo WTI ha subido 55%, pasando de US$65 a promediar US$100. Sin embargo, en ese mismo período, la gasolina regular aumentó apenas 11%, el gasoil regular cerca de 13% y el GLP permanece congelado.
Esto ha sido posible gracias al subsidio del gobierno, que pasó de RD$130 millones semanales a casi RD$1,700 millones en las últimas semanas —más de 12 veces el nivel previo a la guerra.
El subsidio, como una anestesia, bloquea la señal del precio para el consumidor, aunque el costo no desaparece. Para quien consume gasolina y gasoil es como si el petróleo rondara los US$72; para quien consume GLP, como si no se hubiera movido de los US$65.
Además de suavizar los precios, el subsidio amortigua el impacto sobre la actividad económica; sin él, el golpe sobre transporte, costos empresariales, ingreso disponible y consumo de hogares se hubiese reflejado en un PIB desacelerado.
El matiz importa porque, si bien el 5.1% de marzo cuenta una parte de la historia, la serie desestacionalizada de actividad del propio BCRD revela que la economía avanza a un ritmo anualizado de apenas 2.4%, el más bajo con que RD ha enfrentado un shock petrolero en su historia.
Esto no es una vulnerabilidad menor. Con ese crecimiento subyacente, la distancia entre crecer y estancarse es mucho más corta que la que sugieren los titulares del primer trimestre.
La anestesia también opera sobre la inflación. Tanto los subsidios al transporte como la apreciación acumulada del peso en este año —la mayor desde 2005— moderan el traspaso hacia los precios locales. Pero nada de eso es gratis. Comprime márgenes en sectores con ingresos en dólares y costos crecientemente en pesos, desde el inmobiliario hasta las zonas francas.
Como política económica, la anestesia tiene sentido si el shock es transitorio. Compra tiempo, protege hogares y evita un ajuste brusco. Pero si el shock empeora, el dilema será retirarla de forma súbita o mantenerla hasta que sea fiscalmente insoportable.
Esta extraña calma, que hoy se lee como resiliencia, en parte es anestesia. Y si el shock se profundiza, se revelará como lo que siempre fue: la antesala de una tormenta.
La tormenta
Hay una segunda calma, más paradójica que la primera —la del petróleo.
El cierre del estrecho de Ormuz, ese cul-de-sac que conecta una quinta parte del suministro global de crudo con el resto del mundo, ha implicado la salida de entre 12 y 15 millones de barriles de petróleo del mercado global.
Cada día. Durante los últimos 80 días.
Como referencia, a un mes de la guerra de Rusia-Ucrania, el solo temor de que 3 millones de barriles diarios (mb/d) de petróleo ruso salieran del mercado bastó para disparar el precio del Brent en 55%. Hoy, con un shock físico cuatro o cinco veces mayor, el precio financiero del petróleo ha aumentado en una magnitud parecida.
La paradoja encuentra su explicación en el agua.
Al momento del cierre del Estrecho, cientos de millones de barriles ya navegaban hacia sus destinos. Literalmente, a la velocidad de una bicicleta.
Durante semanas, el sistema siguió recibiendo petróleo embarcado antes de la guerra. Ese stock flotante funcionó como un primer colchón que, más que nuevo suministro, era tiempo dentro de un reloj de arena. Hacia finales de abril, el último de esos barcos había arribado.
El segundo colchón fueron los inventarios. A medida que se agotaba el stock flotante, el sistema pasó a consumir reservas comerciales e inventarios físicos. Pero esa calma tampoco era más petróleo; era menos arena.
La IEA advirtió que en abril la reducción de inventarios globales alcanzó un récord cercano a cuatro millones de barriles diarios —más que el consumo combinado de Francia y Alemania. JPMorgan y Bloomberg advierten que, en caso de continuar ese ritmo, hacia junio los inventarios tocarían umbrales de estrés operativo; hacia septiembre, mínimos operacionales.
Eso no significa que el mundo se quede sin petróleo. Significa que el precio de cada barril faltante será cada vez mayor.
Junto al stock flotante y los inventarios, esta extraña calma también se alimenta de la volátil retórica presidencial estadounidense. Cada anuncio de una resolución inminente del conflicto reduce los precios en minutos. Pero un titular no reabre Ormuz ni repone inventarios; apenas extiende la calma.
La combinación de esos factores ha creado una brecha entre la expectativa financiera del mercado y su realidad física. Mientras los precios para entrega futura de WTI y Brent cotizan entre US$100 y US$110, el mercado físico para entrega inmediata de algunos crudos ya ha tocado US$150.
Estas brechas no son nuevas. La pandemia nos mostró cómo terminan.
Categoría 6
En abril de 2020, durante el cierre pandémico, desaparecieron cerca de 29 mb/d de demanda petrolera, la mayor caída mensual de la historia.
El petróleo seguía llegando, pero el mundo había dejado de consumirlo. En Cushing, punto de entrega del WTI, recibir crudo se convirtió en un problema logístico. Cuando la brecha entre la expectativa financiera de normalización y la realidad física se cerró de golpe, el WTI cotizó en negativo.
La lección no fue que el petróleo podía valer menos que cero, sino que ante una restricción física, la pantalla financiera puede tardar en leerla. Y al hacerlo, el ajuste suele ser violento.
Hoy el problema es inverso, pero el mecanismo es el mismo. En 2020 sobraban barriles —la caída de demanda global superó 3,400 millones de barriles durante todo el año. Ahora faltan.
La crisis actual lleva apenas 11 semanas y ya ha removido más de 1,000 millones de barriles del suministro global, esto es, un 30% del impacto pandémico en una fracción del tiempo. Además, la pérdida diaria actual —entre 12 y 15 mb/d— supera la de ese año.
Y aquí entra una aritmética desagradable. La demanda de petróleo es rígida en el corto plazo. Camiones, aviones, refinerías y cadenas logísticas no reducen consumo de forma súbita. Cuando a la oferta global le faltan barriles, más que las cantidades, son los precios los que se ajustan lo suficiente para destruir demanda y equilibrar el mercado.
Bajo supuestos razonables, una brecha de 12% a 15% entre oferta y demanda puede justificar precios por encima de US$150 para ajustarla, justo donde el mercado físico ya ha llegado.
En términos energéticos, un huracán categoría 6.
Cuando cerraron Ormuz, fue como si comenzara a formarse uno. Pudo parecer lejano. Pero en once semanas ya ha cruzado el Atlántico y hoy luce estacionado cerca de Puerto Rico. El riesgo es que sigamos actuando —desde el Estado y desde el sector privado— como si fuera a desviarse.
¿Y si no lo hace?
La trayectoria
Parafraseando a Shakespeare, una vez sueltos los perros de la guerra, nadie sabe adónde irán a parar. Hoy, los incentivos de los actores apuntan cada vez menos hacia una resolución rápida y más hacia una prolongación del conflicto.
Tomemos Estados Unidos. Aunque es exportador neto de petróleo en términos agregados, sigue siendo un gran importador de crudo. Mientras más se prolonga el cierre de Ormuz, más se acerca el riesgo de que el precio del petróleo se ajuste violentamente por encima de los US$150.
Washington tiene incentivos para ponerle fin al conflicto lo antes posible. Pero no a cualquier precio. Retirarse sin una reapertura efectiva del Estrecho y sin límites verificables al programa nuclear iraní luciría como una victoria política de Teherán — y, peor aún, dejaría intacto el riesgo de ajuste de precios que los mercados todavía intentan postergar.
Para Irán, en cambio, el tiempo se convierte en poder de negociación.
Cada semana de disrupción en Ormuz aumenta el costo global del conflicto e intensifica la presión política sobre Washington. No necesita derrotar militarmente a Estados Unidos. Sabe que no puede.
Si EE.UU. es el león de la capacidad militar global, Irán actúa como puercoespín —le basta con sostener la palanca de Ormuz el tiempo suficiente para que, en la Casa Blanca, el costo de continuar el conflicto empiece a pesar más que el de negociar.
Esa lógica conduce a lo que algunos politólogos llaman “la trampa de escalamiento”.
EE.UU. puede destruir infraestructura iraní y limitarlos militarmente sin traducir esos éxitos tácticos en una victoria política duradera. La lección incómoda de Vietnam fue justamente que destruir capacidades no siempre destruye voluntades. Y si la coerción limitada no produce el resultado deseado, la trampa está en escalar, asumiendo que faltó más fuerza, no que el objetivo era más difícil de alcanzar.
Dados esos incentivos, el conflicto apunta hacia al menos dos trayectorias incómodas. Washington podría negociar y ceder concesiones suficientes para reabrir el Estrecho, o escalar militarmente para mejorar su posición y tratar de forzar esa apertura.
El punto no es adivinar cuál trayectoria prevalecerá. Las guerras, como los huracanes, son impredecibles. El punto es reconocer que, ante un riesgo de esta magnitud, la respuesta de las autoridades no puede diseñarse esperando que el huracán se desvíe. Debe estar preparada para que no lo haga.
La respuesta
El principio es simple: un shock breve se subsidia; uno persistente se gobierna.
La respuesta inicial compró tiempo. Pasar de subsidios semanales de RD$130 millones a casi RD$1,700 millones permitió suavizar precios, proteger hogares y evitar que el petróleo a US$100 llegara completo a la bomba.
Eso tenía sentido si el conflicto duraba semanas. Pero este shock ya se mide en meses. Si persiste, las medidas anunciadas hasta ahora habrán sido diseñadas para un conflicto que ya no existe.
El Gobierno debe pasar cuanto antes de la discreción a una regla. Un subsidio que revele cuánto se absorbe, por cuánto tiempo, bajo qué escenarios y cómo se desmonta. No para abandonar la protección, sino para hacerla transparente, sostenible y focalizada. Tres ajustes concretos prepararían a la economía dominicana para esa transición.
La primera corrección es fortalecer la transparencia del subsidio.
Un barril de petróleo tiene 42 galones. A US$100, el galón de crudo cuesta US$2.4 —unos RD$143. Pero entre esa materia prima y el precio en la bomba hay una cadena de costos y decisiones: el precio internacional —no solo del crudo, sino del producto refinado—; el costo de traerlo —flete, seguro, tipo de cambio, costos financieros, puertos y terminales—; el costo de ponerlo en la estación —distribución interna, transporte y márgenes de comercialización—; y las decisiones de política pública, incluyendo los impuestos que cobra y los subsidios que cubre el Gobierno.
No basta con saber cómo se forma ese precio; hay que saber comunicarlo. La factura eléctrica ya aplica esa lógica y muestra el importe sin subsidio, el aporte del Gobierno y el total a pagar. Los combustibles deberían funcionar bajo esa misma lógica.
Por eso, cuando la gasolina premium se vende alrededor de RD$331, el ciudadano debería poder ver cuánto viene del precio internacional, cuánto cuesta traerla, cuánto corresponde a la cadena local, cuánto se paga en impuestos y cuánto cubre el Gobierno en subsidios. RD$1,700 millones semanales suena abstracto; RD$40 de subsidios por galón se entiende.
La segunda corrección es convertir la discrecionalidad semanal en una regla adaptativa. Hoy, la población debe esperar cada viernes para saber si la gasolina sube, se congela o baja.
Durante Covid, publicar datos en tiempo real como contagios, ocupación UCI y fallecidos no solo le permitía al ciudadano conectar la pandemia global con su realidad local, sino anticipar que una ola de contagios implicaba medidas más estrictas.
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La energía necesita esa misma lógica. Cuando la canasta internacional —crudo, refinados, fletes— cambia de rango, los precios y subsidios deberían moverse dentro de bandas preestablecidas.
Si el shock escala, se activa un protocolo de crisis; si baja, se sabe cuánto llega al consumidor y cuánto recupera el Estado del subsidio ya desembolsado. Sin esa regla, cuando el precio sube nadie entiende cuánto se subsidia; cuando baja nadie entiende por qué la gasolina no baja igual.
La tercera corrección es focalizar. No tiene sentido que el GLP de un hogar vulnerable y la gasolina premium de un hogar de ingresos altos se subsidien bajo el mismo criterio.
La protección debe concentrarse en GLP residencial, transporte público, alimentos e insumos críticos, y retirarse gradualmente de consumos asociados a mayor capacidad de pago. El mismo principio, considerando la sensibilidad social del ajuste, debe gobernar el subsidio eléctrico.
De no hacerlo, lo que hoy es costoso arriesga volverse insostenible; y lo que ya es regresivo, socialmente inaceptable.
Pero gobernar el shock también exige proteger nuestra capacidad de crecimiento. Si en 2026 el PIB crece en línea con la estimación oficial, el promedio de los últimos siete años cerraría en 3.5%, el más bajo en 32 años.
RD llega a este shock con riesgo país en mínimos e inversión extranjera en máximos. Una posición cimentada, entre otros atributos, sobre una reputación de crecimiento sostenido que no se construye ni se recupera en un trimestre.
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Pero esa reputación está lejos de estar garantizada. Siete años de crecimiento promedio inferior al potencial, sumados al mayor shock energético de la historia, pueden erosionarla silenciosamente, desde las revisiones de las calificadoras hasta las minutas de los comités de inversión.
Un programa de inversión pública acelerado, multianual y de alto multiplicador, que compense la desaceleración vigente de la demanda privada, no es una recomendación nueva. Lo nuevo sería el costo de seguir ignorándola.
Rudi Dornbusch, uno de los macroeconomistas más respetados del último medio siglo, advirtió: las crisis tardan más en llegar de lo que uno cree; pero, cuando llegan, ocurren más rápido de lo que uno se imagina.
Así se comportan algunas tormentas. La responsabilidad de la política económica es prepararse, sin alarmismo y con realismo pragmático, antes de que la realidad avance más rápido que nuestra capacidad de respuesta.
