La promulgación de la Ley núm. 98-25 el 15 de diciembre de 2025 por el presidente Luis Abinader actualizó el régimen de la contribución especial por gestión de residuos sólidos, modificando la Ley 225-20 vigente desde 2020. En un análisis realizado por Carlos Martínez, columnista de DIARIO FINANCIERO, expone las dificultades que van a enfrentar las diferentes empresas al ver un incremento obligatorio de hasta un 500% para las empresas más pequeñas y hasta un 160% para las más grandes, con aplicación retroactiva al cierre fiscal 2025 y pago esperado a partir de abril de 2026. El debate entre los beneficios ambientales y la carga fiscal sobre las MIPYMES domina el contexto actual.
¿Qué es la Contribución Especial de Residuos Sólidos?
La contribución especial por residuos sólidos es un pago obligatorio (Ni si quiera un impuesto) que deben realizar todas las personas jurídicas (empresas e instituciones públicas y privadas) domiciliadas en el territorio nacional, independientemente de su régimen fiscal o de si generan utilidades o no. No es una opción ni un incentivo ambiental voluntario: la ley obliga a todas las entidades legalmente constituidas a pagar, incluso si están operando con pérdidas.
Los fondos recaudados se destinan a crear y sostener un fondo especial para:
Financiar estaciones de transferencia, plantas de valorización y rellenos sanitarios
Cerrar técnicamente los vertederos a cielo abierto que afectan a comunidades en todo el país
Fortalecer el sistema nacional de gestión integral de residuos sostenibles
Cuánto Subió Este Año: Comparación de Tarifas
La Ley 98-25 reemplazó las tarifas de la Ley 225-20 con un incremento significativo en todos los rangos de facturación anual. La siguiente tabla muestra la comparación:
Valores aproximados según fuentes disponibles.
Un elemento adicional importante: los montos se indexarán anualmente al IPC del Banco Central, lo que significa que el costo seguirá creciendo automáticamente con la inflación en los años venideros.
Historial de Recaudación: Lo que el Estado ha cobrado
Desde que entró en vigencia la Ley 225-20 en 2021, el Estado dominicano ha recaudado más de RD$10,375 millones a través de la DGII por concepto de contribución por gestión y coprocesamiento de residuos sólidos, según datos al 15 de enero de 2026.
El salto dramático en 2026 refleja el efecto inmediato de los nuevos montos de la Ley 98-25.
Impacto en las Empresas
MIPYMES: El Mayor Golpe
Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 98% del tejido productivo dominicano y son las más afectadas por la reforma. El argumento central de los críticos es que la contribución se calcula sobre ingresos brutos, no sobre la generación real de residuos, lo cual crea una desproporción: un colmado, un salón de belleza o un pequeño restaurante paga una tarifa que no guarda relación con la basura que produce.
El impacto operativo más inmediato incluye:
Presión sobre el flujo de caja, especialmente para negocios que operan con márgenes ajustados
Obligación de pago incluso con pérdidas fiscales, lo que representa una carga extra en momentos de baja actividad económica
Costos crecientes automáticamente gracias a la indexación al IPC, sin posibilidad de planificar con certeza el costo futuro
Auditorías anuales y certificaciones de biodegradabilidad para ciertos sectores
La reacción empresarial fue tan fuerte que en febrero de 2026, Codopyme, Aneih, UNE y ONEC interpusieron conjuntamente una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 5 y 16 de la Ley 98-25, argumentando que vulneran la libertad de empresa y que las MIPYMES fueron excluidas de la comisión que redactó la norma.
Empresas Medianas y Grandes
Para empresas con ingresos superiores a RD$50 millones, el incremento es también significativo pero más proporcional. Estas empresas tienen mayor capacidad de absorber el costo, de trasladarlo al precio de sus productos, o de deducirlo de su renta bruta, según lo establece la propia ley.
Impacto en la Población
El Efecto de Transmisión: Los Precios Suben
Cuando las empresas enfrentan mayores costos operativos, su mecanismo natural de respuesta es trasladar ese costo al consumidor final. Esto es especialmente visible en pequeños comercios de barrio que son intermediarios directos del consumidor diario. El aumento en residuos sólidos se traduce potencialmente en precios más altos en colmados, talleres, restaurantes y servicios locales.
La cadena de impacto sobre el ciudadano común:
Precios más altos en bienes y servicios cotidianos
Menor empleo si las MIPYMES reducen personal para compensar costos
Menor dinamismo económico comunitario si pequeños negocios cierran o reducen operaciones
Fundas plásticas dejarán de entregarse gratis en comercios a partir del 15 de diciembre de 2026
Nuevas Prohibiciones que Afectan el Consumo Cotidiano
La Ley 98-25 también establece un calendario de prohibiciones con impacto directo en los hábitos de consumo:
Desde el 1 de enero de 2026: Prohibida la importación de sorbetes, cubiertos y productos de foam sin certificación de biodegradabilidad
En 12 meses (diciembre 2026): Prohibida la entrega gratuita de fundas plásticas de un solo uso en comercios
En 24 meses: Productores locales deben sustituir platos y bandejas de foam por alternativas biodegradables
En 36 meses: Las alcaldías deben implementar programas de separación de residuos desde el hogar (orgánicos, inorgánicos, reciclables)
¿Realmente Beneficia a la Población?
Esta es la pregunta más debatida. La respuesta honesta es: pareciera que si y los beneficios están por verse , pero con serias deficiencias en la distribución de la carga y la transparencia del uso de fondos.
Los Beneficios Son Concretos y Verificables
El Fideicomiso DO Sostenible, que administra los fondos, ha ejecutado resultados medibles:
Más de 1.6 millones de toneladas de residuos recibieron disposición final ambientalmente correcta en 2025, un aumento de más de 186,000 toneladas respecto a 2024
20 vertederos a cielo abierto han sido cerrados técnicamente desde 2023, beneficiando directamente a más de 3.4 millones de personas
Se han construido rellenos sanitarios en Dajabón y Baní, y estaciones de transferencia en Tamboril, Cancino, Villa Fundación, Nizao y Monte Cristi
La inversión total acumulada supera RD$1,500 millones en infraestructura
Los gestores finales autorizados pasaron de 2 en 2021 a 7 en 2025
El cierre de vertederos a cielo abierto tiene impactos directos de salud pública: elimina fuentes de incendios constantes, mejora la calidad del aire, previene la contaminación de ríos y acuíferos, y reduce la proliferación de enfermedades.
Los Riesgos y Críticas Son Igualmente Serios
Sin embargo, el debate tiene fundamentos:
Con más de RD$10,375 millones recaudados, quedan preguntas abiertas sobre la transparencia en el uso de esos fondos. Los críticos señalan que la gestión de los vertederos ha mejorado, pero no a la escala esperada del monto cobrado
El país aún tiene 223 vertederos a cielo abierto identificados en un estudio de la Cooperación Japonesa, incluyendo 14 solo en la provincia San Juan de la Maguana
El pasivo ambiental acumulado durante décadas es enorme y requiere inversiones sostenidas por años para ser revertido
La ley obliga a las empresas a pagar, pero los ayuntamientos siguen teniendo capacidad técnica limitada para gestionar la basura de forma moderna, lo que genera una brecha entre lo recaudado y la capacidad de ejecución municipal
El Modelo Tiene Potencial, Pero Necesita Ajustes
La transición de un modelo basado en vertederos a cielo abierto hacia una economía circular —donde los residuos son materia prima secundaria— es una dirección correcta y moderna. La seguridad jurídica que da la ley permite al sector privado invertir en plantas de reciclaje y valorización con mayor confianza.
El problema no es el objetivo, sino la equidad en el reparto de la carga: un pequeño colmado que genera mínimos residuos paga 6 veces más que antes, mientras las grandes empresas —generadoras del grueso de los desechos industriales— tienen mayor capacidad de absorber el costo. Una reforma al esquema de cálculo (por ejemplo, usar el volumen real de residuos generados como base, en lugar de los ingresos brutos) podría preservar los beneficios ambientales y reducir el impacto sobre los más vulnerables.
Conclusión
La Ley 98-25 sobre Residuos Sólidos representa un avance ambiental necesario para la República Dominicana, con resultados verificables en infraestructura y manejo sostenible de desechos. Sin embargo, el incremento de hasta 500% en la contribución —aplicada sin distinción sobre los ingresos brutos y sin consideración de la generación real de residuos— impone una carga desproporcionada sobre las MIPYMES y, por extensión, sobre los consumidores finales. El reto del país no es solo recaudar más, sino asegurar que cada peso recaudado se invierta con transparencia y eficiencia en los 223 vertederos a cielo abierto que aún contaminan el territorio nacional.
