Un reportaje difundido por la periodista Nuria Piera colocó bajo escrutinio público al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), tras presentar denuncias de presuntos cobros coercitivos a empleados para financiar actividades políticas.
Según los testimonios recogidos, dentro de la institución operaría un esquema de “aportes” obligatorios, destinados a respaldar al movimiento político “La Maquinaria del Cambio”. Aunque presentados formalmente como voluntarios, los empleados denuncian que el no pago conlleva presiones laborales directas, lo que convertiría el aporte en un mecanismo coercitivo.
Entre las prácticas señaladas se incluyen amonestaciones desde Recursos Humanos, suspensiones sin disfrute de salario y amenazas de cancelación del puesto, algunas notificadas únicamente por mensajes informales. Los denunciantes afirman que la presión se ejerce de forma sistemática en grupos internos de trabajo, donde quienes no contribuyen quedan expuestos a represalias.
El reportaje agrega un elemento de mayor gravedad: los fondos recaudados no serían depositados en cuentas institucionales, sino en cuentas personales de dirigentes del movimiento, lo que levanta sospechas sobre desvío de recursos y posibles violaciones al régimen de administración pública.
Otro eje central de la investigación es la actividad denominada “Monta tu regidor”, presentada públicamente como iniciativa social, pero descrita en el reportaje como un mecanismo de recaudación política vinculado a la estructura del FEDA. En estos eventos se venden boletas de aproximadamente RD$500, con la imagen de regidores o aspirantes, para financiar la compra de vehículos a favor de figuras políticas específicas.
Los empleados del FEDA relatan que se les asignan metas obligatorias de venta de boletas, y que si no logran colocarlas, deben cubrir el monto de su propio bolsillo, bajo riesgo de sanciones. Aunque la actividad se define como voluntaria, los testimonios coinciden en que la presión laboral la convierte en una exigencia implícita.
El director del FEDA, Hecmilio Galván, es señalado en los testimonios como conocedor del esquema. Galván ha defendido públicamente la legalidad de su gestión, rechazando irregularidades y desvinculando a la institución de prácticas políticas indebidas.
Perspectiva
El caso reabre el debate sobre los límites entre gestión pública y actividad política, así como sobre la protección laboral de los servidores del Estado frente a presiones proselitistas dentro de instituciones financiadas con recursos públicos.
