Diario Financiero.– La ejecución presupuestaria del Gobierno dominicano durante el año 2025 cerró con un promedio general de 91.82 %, reflejando un nivel elevado de utilización de los recursos aprobados en el Presupuesto General del Estado.
Entre las instituciones con mayor nivel de ejecución destacan la Procuraduría General de la República (100 %), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (98 %), el Ministerio de Educación (98 %) y el Ministerio de Cultura (98 %). Estos resultados evidencian una alta capacidad administrativa para transformar asignaciones presupuestarias en gasto efectivo, especialmente en áreas vinculadas a servicios esenciales, educación y funcionamiento institucional.
En contraste, varios ministerios estratégicos para el crecimiento económico quedaron por debajo del 80 % de ejecución, entre ellos Energía y Minas (74 %), Turismo (75 %), Economía (78 %) y Medio Ambiente (79 %). Este rezago plantea interrogantes relevantes sobre la eficiencia del gasto y la capacidad del Estado para ejecutar proyectos de inversión con impacto estructural.
Las causas de estas diferencias son múltiples. Procesos administrativos complejos, cambios de autoridades, retrasos en licitaciones y reprogramaciones de proyectos, así como compromisos contractuales heredados, inciden directamente en el ritmo de ejecución. En algunos casos, una alta ejecución puede responder a gastos recurrentes, mientras que una baja ejecución suele asociarse a proyectos de inversión que no lograron avanzar según lo planificado.
De cara al 2026, definido por el propio Gobierno como un año estratégico, el foco se traslada al rol del gasto público como motor del crecimiento. El presidente Luis Abinader ha reiterado su apuesta por un relanzamiento económico, lo que exige un mayor protagonismo del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).
Para que el crecimiento se materialice, el gasto de capital debe incrementarse y ejecutarse con mayor eficiencia, especialmente en infraestructura vial, vivienda y obras públicas. Estas inversiones no solo dinamizan la economía en el corto plazo, sino que generan empleo, mejoran la competitividad y fortalecen la base productiva del país.
El desafío fiscal para el 2026 no será únicamente cuánto se presupuesta, sino qué tan rápido y con qué calidad se ejecuta el gasto, especialmente en los sectores que tienen mayor capacidad de arrastre sobre la actividad económica y el bienestar de la población.
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