Lo ocurrido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) no es un simple caso administrativo: es el fraude más vil y cobarde cometido en la historia reciente de nuestro país. No hablamos de cifras frías, sino de un crimen que golpea directamente a los más pobres, a los enfermos y al sistema sanitario público que debería garantizar el derecho fundamental a la salud. Lo que aquí se ha destapado es una herida abierta en el corazón de la sociedad dominicana.
Las evidencias revelan un escenario de espanto. Según datos oficiales, en 2024 Senasa cerró con un déficit superior a RD$2,077 millones, a pesar de recibir más de RD$3,000 millones en aportes estatales. Los números no cuadran y lo más grave es que esos fondos no se tradujeron en más consultas, medicamentos ni tratamientos, sino en un agujero financiero que desnuda la perversión de un sistema manipulado.
El escándalo es aún más sangrante cuando se conocen los mecanismos utilizados. Más de 4,000 procedimientos médicos nunca realizados fueron facturados y autorizados en nombre de afiliados reales, con un “call center paralelo” que operaba para aprobarlos. De igual forma, contratos de atención primaria valorados en RD$65 millones mensuales unos RD$780 millones al año se pagaban sin que se verificara la prestación de servicios. Esto no es negligencia, es corrupción descarada.
El gran botín, según las investigaciones, está en el régimen subsidiado. Recursos destinados a los más necesitados fueron drenados hacia clínicas, farmacias y laboratorios privados que se prestaron al desfalco. La perversidad es doble: no solo se roba dinero público, sino que se roba la oportunidad de atención médica a los dominicanos que menos tienen, condenándolos a la desprotección y a la desesperanza.
Muchos intentan reducirlo a una “crisis de controles administrativos”, pero no nos engañemos: aquí no falló el sistema contable ni los procesos de auditoría, aquí lo que se revela es la podredumbre del sistema político. La clase dirigente ha permitido que los recursos del Estado se manejen como un botín personal, porque no existe un verdadero régimen de consecuencias.
Los organismos de fiscalización —Cámara de Cuentas, Contraloría, Congreso— no han estado a la altura. Sus auditorías nunca han generado resultados creíbles porque sus dirigentes responden más a compromisos políticos que al interés nacional. La corrupción se perpetúa porque quienes deben vigilar son parte de la misma maquinaria de impunidad.
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El país debe entender que lo de Senasa es apenas la punta del iceberg. Mientras no se apliquen sanciones ejemplares y se recuperen los fondos desviados, veremos replicarse escándalos similares en otras instituciones públicas. El costo no es solo económico: es el colapso de la confianza ciudadana y la pérdida de vidas por falta de acceso a un sistema sanitario digno.
Es hora de soluciones reales. La creación de un equipo independiente de auditores externos, integrado por profesionales del sector privado con integridad y capacidad probada, es una necesidad urgente. Quienes argumenten que para eso está la Cámara de Cuentas olvidan que esta institución no ha demostrado independencia. Solo un cuerpo externo, sin compromisos políticos, podrá sacar a la luz toda la verdad.
La oposición denuncia que desde 2018 a la fecha el fraude acumulado podría rondar los RD$20,000 millones, incluyendo facturas infladas y una contabilidad paralela que operaba bajo las sombras. Esa cifra, de confirmarse, representaría uno de los mayores desfalcos de la historia dominicana, y el más cruel, porque arrebató recursos esenciales a la salud de los más pobres.
Pero no basta con procesar a los funcionarios. Los prestadores privados —clínicas, laboratorios, farmacias— que aceptaron ser cómplices deben ser también llevados ante la justicia. No se trata de víctimas del sistema, sino de actores que se beneficiaron. Cada peso recibido indebidamente debe ser devuelto al Estado y cada culpable debe enfrentar condena.
El dinero robado debe regresar donde nunca debió salir: al sistema de salud. Medicamentos, programas preventivos, hospitales equipados, pagos a médicos y enfermeras. Solo así los dominicanos podrán ver que la justicia no es una palabra vacía. Castigo y recuperación de activos deben caminar de la mano para que este escándalo no sea otro capítulo de impunidad.
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Señor presidente, este es el momento de demostrar que su compromiso con el país va más allá de las palabras. La nación espera de usted una señal clara y contundente, llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y recuperar para la salud del pueblo cada peso que se hayan robado.
Pero también, revisar con firmeza a los funcionarios que le acompañan y tomar decisiones donde tenga que tomarlas, porque los problemas no radican en los sistemas administrativos ni financieros, sino en las manos de quienes los manipulan.
Tengo la esperanza de que, en este caso y en los que puedan venir, usted actuará con la justicia que reclama la historia. Usted ha demostrado ser un hombre serio, de familia y con calidad humana; no nos defraude, señor presidente. Aún está a tiempo de dejar un legado de dignidad al pueblo dominicano y a las futuras generaciones.
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