Este tema me llamó la atención sobremanera fruto de una conversación que tuve recientemente con un gran amigo después de mucho tiempo sin vernos. Tras horas de conversación sobre proyectos, deportes y más, terminamos hablando de fiscalidad, especialmente de impuestos, tema que suele interesar al ciudadano común por su impacto directo en la vida diaria. Hablamos de la evasión, elusión y la necesidad de una reforma.
Pero lo que más se ha mantenido en mi cabeza es el tema de la motivación ciudadana frente al tributo, cómo vemos los impuestos, qué nos motiva o no a pagarlos. Un dilema: la obligación de la imposición (leyes y normas) o el deber ético-social.
Entonces surge una pregunta que denota el tipo de relación que tenemos con el Estado: ¿Pago impuestos porque tengo que hacerlo o porque creo que debo hacerlo?
Esta no es solo una inquietud legal sino también ética, social y política. En República Dominicana, donde la evasión fiscal supera el 6% del PIB (alrededor del presupuesto del Ministerio de Educación y el de Salud Pública combinado) y la desconfianza ciudadana hacia el uso de los recursos públicos es alta, esta pregunta adquiere una fuerza particular.
La evasión y la elusión fiscal tienen muchas causas: impuestos altos, normas poco claras, gasto público ineficiente, informalidad generalizada, entre otras. Sin embargo, este artículo se centra en algo igual de importante, menos técnico y no tan discutido: la motivación que tienen (o no) ciudadanos y empresas para cumplir con sus obligaciones tributarias.
“Tengo que pagar”: la ley manda
Desde el punto de vista legal no hay mucho debate. Pagar impuestos es una obligación establecida por las leyes tributarias. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tiene la autoridad para exigir el cumplimiento, aplicar sanciones y perseguir la evasión. Negarse a pagar no es un acto de rebeldía, es una violación a la ley que acarrea consecuencias económicas y penales.
Básicamente, el “tener que pagar” está motivado por la capacidad coactiva que tiene el Estado de cobrar y hacer pagar los impuestos a través de una estructura con un marco normativo definido. Asimismo, la fortaleza sancionatoria que el mismo posee para aplicarse de manera efectiva sobre el incumplidor.
Pero cuando el cumplimiento se basa únicamente en el miedo a la sanción, el sistema se vuelve frágil. La moral tributaria, es decir, la disposición voluntaria de contribuir se debilita y la evasión encuentra terreno fértil.
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“Debo pagar”: la ética del ciudadano
La otra cara del dilema es la responsabilidad cívica. Pagar impuestos no debería ser solo un acto forzado sino una contribución consciente al bien común. Con los impuestos se financian hospitales, escuelas, carreteras, seguridad, justicia. En teoría, cada peso que aportamos debería traducirse en servicios que mejoren nuestras vidas y las de los demás.
Cuando los ciudadanos sienten que su contribución tiene sentido, el cumplimiento voluntario se fortalece. La confianza en las instituciones genera compromiso. Pero cuando se percibe que los fondos públicos se malgastan o se desvían hacia la corrupción, la moral tributaria se erosiona.
Es que el “debo pagar” se conjuga con el retorno en bienestar social que obtiene el ciudadano de lo que paga de forma coactiva o voluntaria a través de los bienes y servicios que el Estado está llamado a garantizar. De lo contrario, lo ético se visualiza con opacidad en la psiquis colectiva.
Comparación regional: ¿cómo estamos frente a otros?
Para entender mejor este dilema, vale la pena mirar el espejo latinoamericano. Según el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2024 de la CEPAL, la evasión del impuesto sobre la renta en la región se mantuvo en 4.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se sitúa en el 2.1 % del PIB. Esto equivale a una evasión estimada sobre la recaudación esperada que oscila entre el 46–50 % en el ISR y el 30–35 % en el IVA.
| Evasión en América Latina y el Caribe | ||
| Impuesto | Evasión (como % del PIB) | Evasión estimada sobre recaudación esperada |
| ISR | 4.60% | 46%‑50% |
| IVA | 2.10% | 30%‑35% |
| Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe. CEPAL (2024). | ||
Eficiencia Recaudatoria y Brecha Tributaria en América Latina y el Caribe: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Rentas de las Empresas. CIAT (2024).
En comparación:
- En República Dominicana, la evasión del ITBIS (IVA local) está por encima del 45 % y la del impuesto sobre la renta bordea el 60 % en algunos sectores, lo que nos coloca por encima del promedio regional.
- En contraste, en Chile se estimó una evasión de 18.4 % en el IVA y 51.4 % en el impuesto corporativo entre 2018 y 2020, según el Servicio de Impuestos Internos, cifras significativamente más bajas que las registradas en República Dominicana.
En América Latina, los niveles de evasión fiscal guardan una estrecha relación con la confianza institucional. Países como Uruguay, Chile y Costa Rica, que lideran el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 con puntuaciones de 76, 63 y 58, respectivamente, muestran un mayor cumplimiento tributario.
En cambio, República Dominicana, con apenas 36 puntos (con cierta mejoría desde 2021) y en la posición 104 de 180 países, refleja una desconfianza persistente en el Estado. Esta desconfianza alimenta la evasión fiscal, pues muchos ciudadanos perciben que sus impuestos no se traducen en servicios públicos de calidad.
¿Qué diferencia a Chile de República Dominicana o incluso de países centroamericanos como Guatemala, donde la evasión también supera el 7 % del PIB? La respuesta no está solo en la capacidad sancionadora sino en la confianza institucional.
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Donde el ciudadano siente que sus impuestos se traducen en servicios, donde percibe que el Estado es más eficiente, transparente y menos corrupto, hay mayor disposición al cumplimiento. En países con mejor desempeño en transparencia, como Uruguay o Costa Rica, el nivel de evasión también tiende a ser más bajo.
En cambio, en países donde la percepción de corrupción es alta, como en República Dominicana, la evasión se convierte erróneamente en una forma de “compensación” individual frente a un Estado que no devuelve en igual medida. Esto refleja no solo un fallo institucional sino también una fractura profunda del pacto social.
El pacto fiscal
En términos llanos, el pacto fiscal es el acuerdo implícito entre el Estado, la ciudadanía y otros sectores basado en la confianza mutua: el Estado se compromete a gestionar responsablemente los recursos públicos y garantizar servicios de calidad, mientras los ciudadanos aceptan contribuir pagando sus impuestos. Cuando esta relación se rompe, la moral tributaria y la voluntad de pago se deterioran.
El ciclo vicioso de la evasión
En este contexto muchos justifican no pagar impuestos como un acto de protesta:
“¿Para qué pagar si se lo van a robar?”, dicen algunos.
Pero esta lógica, aunque comprensible, alimenta un ciclo destructivo:
Así, todos perdemos. La carga tributaria se concentra en quienes sí cumplen, se amplía la desigualdad y se debilita la capacidad del Estado para atender las demandas sociales. La evasión se convierte en una forma de egoísmo estructural pero también en un reflejo de un modelo institucional que no genera confianza.
El reto: reconstruir el pacto fiscal
La pregunta clave no es solo si debemos pagar impuestos sino cómo logramos que más personas quieran hacerlo de forma justa y voluntaria. Eso exige dos cosas fundamentales:
- Un Estado más transparente y eficiente que rinda cuentas y use los recursos con responsabilidad.
- Una ciudadanía más consciente y empoderada que comprenda que evadir impuestos no castiga al gobierno sino a la sociedad entera.
¿Y si miramos a Chile?
El caso chileno resulta interesante. ¿Por qué en Chile se evade menos? Entre las razones se destacan:
- Un sistema tributario relativamente simple y más formalizado.
- Mejor percepción del uso de los fondos públicos.
- Instituciones más estables y transparentes.
- Y lo más importante: una mayor conciencia cívica del rol del tributo.
En Chile el ciudadano siente que su aporte sí marca una diferencia y, por tanto, paga, en muchos casos, más por convicción que por obligación. En contraste, en países como el nuestro, el pago de impuestos se percibe más como una pérdida que como una inversión social.
Finalizando…
Entonces, sí: tienes que pagar impuestos porque la ley así lo establece.
Pero también debes pagarlos porque es parte del compromiso con una sociedad más equitativa y funcional.
Compararnos con países de la región nos deja una lección clara: cuando el ciudadano confía, es más proclive a cumplir. Y si queremos cambiar la cultura de evasión, no basta con aplicar sanciones. Hay que restablecer la confianza, recuperar lo público y redefinir el sentido de comunidad fiscal.
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