Santo Domingo, República Dominicana. — A través de una carta técnica remitida al Congreso Nacional, la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) presentó sus objeciones al Proyecto de Ley General de Alquileres, especialmente en lo relativo a los artículos 15 y 16, los cuales —según advierte— podrían generar implicaciones legales y operativas graves para el sistema financiero nacional.
La comunicación, firmada por Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA, fue dirigida al diputado Amado Díaz, presidente de la Comisión Especial, y destaca que si bien el objetivo del proyecto es equilibrar las relaciones entre arrendadores e inquilinos, la versión actual impone a los bancos obligaciones que distorsionan la naturaleza privada del contrato de alquiler.
Uno de los puntos críticos es el depósito obligatorio de la garantía del contrato de alquiler en una entidad bancaria, aspecto que la ABA considera ajeno a las funciones que le son propias al sector financiero. Aunque se ha planteado como una medida para fomentar la bancarización y la trazabilidad, la ABA sostiene que esta disposición introduce un actor externo sin atribuciones claras dentro de una relación contractual privada.
“Gestionar depósitos de garantía de alquiler de forma obligatoria distorsiona la figura jurídica del contrato y traslada a los bancos responsabilidades que no están contempladas en la legislación actual”, señala la carta.
La ABA también objeta que el proyecto exige a las entidades financieras entregar dichos depósitos “sin más trámite”, sin definir procesos ni criterios objetivos para determinar si el contrato se ha cumplido. Esto —indica— crea riesgos legales, operativos y reputacionales para las entidades.
Asimismo, el documento cuestiona la falta de precisión sobre si el depósito debe mantenerse íntegro durante toda la vigencia del contrato, si puede ser retirado bajo condiciones especiales o quién debe autorizar su devolución en caso de controversia.
Otro aspecto alarmante, según la asociación, es la obligatoriedad de notificar los contratos al órgano supervisor bancario, lo cual representaría una carga administrativa sin precedentes, obligando a las instituciones a desarrollar infraestructura tecnológica específica, segmentar productos, capacitar personal y diseñar mecanismos diferenciados para su gestión.
La misiva advierte que la aprobación del texto actual podría poner a la banca en una posición similar a la que enfrentan con los embargos sin control judicial, generando inseguridad jurídica y riesgos de abuso que afecten la estabilidad del mercado.
“La iniciativa legislativa introduce restricciones que limitan la libertad de contratación, afecta la libertad de empresa consagrada en el artículo 50 de la Constitución y podría desincentivar la inversión en nuevas propiedades de alquiler y productos financieros como los fondos cerrados de inversión”, puntualizó la ABA.
El gremio concluye reiterando su disposición de colaborar con el Congreso para mejorar el contenido de la ley y lograr un texto equilibrado, viable y alineado con el marco jurídico vigente, que preserve tanto la protección de las partes como el funcionamiento adecuado del sistema financiero y del mercado inmobiliario.
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