El Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional una modificación al Presupuesto General del Estado 2026 que reestima al alza los ingresos del Gobierno Central, incrementa las apropiaciones de gasto en RD$40,978.3 millones y autoriza la contratación de 23 operaciones de crédito externo por más de US$4,350 millones, según cálculos de Diario Financiero a partir del texto del anteproyecto. La pieza modifica la Ley núm. 99-25 y redefine el tamaño y la orientación del gasto público en un año marcado por la desaceleración.
El anteproyecto fija los ingresos del Gobierno Central en RD$1,383,236.5 millones y el total de erogaciones en RD$1,785,004.3 millones, lo que arroja un déficit financiero de RD$280,575.3 millones, según los artículos 1 al 3. La magnitud del ajuste importa porque revela cómo el Gobierno pretende sostener la inversión pública sin desbordar los techos aprobados, apoyándose en recaudaciones que no figuraban en el presupuesto original de diciembre.
Por qué ahora: la Ley 30-26 y los fondos excedentarios
El Ejecutivo justifica la reformulación en dos fuentes de ingresos no contempladas inicialmente. La primera es la Ley núm. 30-26, promulgada el 18 de junio de 2026, que ajustó la estructura de determinados tributos y amplió bases imponibles, generando recaudaciones adicionales. La segunda son transferencias extraordinarias de fondos excedentarios de instituciones públicas, entre ellas el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Superintendencia de Bancos.
El texto también apela al contexto macroeconómico: una desaceleración económica en el primer semestre de 2026, atribuida a la volatilidad de los mercados internacionales. Frente a ese entorno, el Gobierno plantea la inversión pública como instrumento de reactivación, una estrategia contracíclica que gana protagonismo cuando la demanda privada pierde impulso.
Qué sube: el Tesoro Nacional concentra la mitad
Del aumento de RD$40,978.3 millones en apropiaciones (artículo 4, Cuadro 1), la mitad —RD$20,500 millones— se destina a la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional, la partida que centraliza compromisos de pago del Estado. El resto se reparte entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (RD$10,165 millones), Vivienda, Hábitat y Edificaciones (RD$3,792.7 millones), Agricultura (RD$3,004.6 millones), Industria, Comercio y Mipymes (RD$2,400 millones), Hacienda y Economía (RD$925 millones) y Justicia (RD$191 millones).
A ese aumento se suman traspasos internos por RD$17,692.2 millones (artículo 5) que refuerzan 21 partidas adicionales, encabezadas por Salud Pública (RD$2,642.1 millones), Hacienda y Economía (RD$2,396.2 millones), Interior y Policía (RD$1,668.8 millones), Obras Públicas (RD$1,435.2 millones), el Poder Judicial (RD$1,200 millones) y Agricultura (RD$1,085.8 millones). Sumando ambos movimientos, Obras Públicas acumula unos RD$11,600 millones adicionales y Agricultura unos RD$4,090 millones, según los cuadros 1 y 3 del proyecto.
Qué baja: la deuda pública financia los traspasos
Los recortes que financian los traspasos provienen principalmente de la Administración de Deuda Pública y Activos Financieros, que cede RD$12,600 millones en gastos y RD$2,749 millones en aplicaciones financieras. Turismo pierde RD$258.1 millones y Energía y Minas, RD$85.1 millones.
El caso del Ministerio de Educación exige lectura fina: aunque el Cuadro 2 le reduce RD$2,000 millones en gastos, el Cuadro 3 le asigna exactamente RD$2,000 millones en aplicaciones financieras. Se trata, por tanto, de una reclasificación presupuestaria y no de un recorte neto a la cartera educativa.
23 préstamos nuevos: agua, transporte y energía
El artículo 7 modifica el artículo 71 de la Ley 99-25 para autorizar 23 operaciones de crédito público destinadas a proyectos de inversión específicos. Las de mayor cuantía son el Programa de Seguridad Hídrica Presa de Hatillo y Abastecimiento Cotuí–Santo Domingo, con el BID y la CAF (US$700 millones); el Monorriel de Santo Domingo, con banca internacional (US$500 millones); el proyecto integral de agua potable y saneamiento de Punta Cana–Bávaro Fase III, con el BID (US$400 millones); la ampliación de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, con la Agencia Francesa de Desarrollo (US$371.5 millones); y la infraestructura de transmisión eléctrica de ETED, con el BIRF y el BID (US$328 millones).
El sesgo sectorial es inequívoco: los proyectos de agua potable, saneamiento y riego —casi todos con INAPA o INDRHI como ejecutores— dominan la lista, que incluye acueductos y alcantarillados en San Juan, San Francisco de Macorís, Nagua, Samaná, San Cristóbal y la región Suroeste, además del Canal Alto Mao en Valverde (US$250 millones) y el Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna (US$267 millones). Completan el paquete el programa penitenciario del MIVHED (US$266.5 millones), la seguridad vial del MOPC e INTRANT (US$200 millones), la rehabilitación del cacao dominicano PRACAO (US$100 millones), la modernización del parque hidroeléctrico de EGEHID (US$120 millones), redes de distribución de las EDES con el Fondo OPEP (US$120 millones) y la exploración de tierras raras en la Reserva Fiscal Ávila (US$16.2 millones). Todas las operaciones contemplan un plazo mínimo de siete años.
Otras disposiciones: imprevistos, arrastres y cierre
El artículo 6 autoriza usar el balance neto de disponibilidad del período fiscal 2025, por RD$21,147.5 millones, para atender imprevistos calificados como calamidad o emergencia pública mediante decreto presidencial. El artículo 9 permite imputar al ejercicio 2026 compromisos de gastos de 2025 cuyo trámite fue interrumpido en el cierre, y los artículos 10 y 11 facultan al Ministerio de Hacienda y Economía a realizar ajustes de cierre y de transferencias sin alterar los techos aprobados por el Congreso.
El proyecto deberá ahora agotar el trámite legislativo en ambas cámaras, tal como exige el artículo 48 de la Ley Orgánica de Presupuesto núm. 423-06, que obliga al Ejecutivo a introducir un proyecto de ley para modificar el presupuesto vigente.
