![Esa noche se convirtió en una de las peores tragedias de la historia reciente de República Dominicana. [MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images]](https://diariofinanciero.do/wp-content/uploads/2025/06/8eb9f6e7c48c5a7230f744d25819e86e.webp)
DIARIO FINANCIERO.- El caso por el colapso del techo en la discoteca Jet Set ha tomado un nuevo giro. El Ministerio Público de la República Dominicana acusa a Antonio y Maribel Espaillat de intentar intimidar o manipular a testigos claves en la investigación. Según el expediente judicial, los hermanos habrían interferido con empleados del establecimiento que podrían declarar sobre los hechos, acción considerada como un intento de obstrucción a la justicia.
Pruebas digitales como sustento de la acusación
El expediente incluye capturas de pantalla que muestran supuestas conversaciones entre los imputados y un extrabajador de Jet Set. En dichos mensajes, los hermanos Espaillat habrían intentado disuadir a empleados de colaborar con la investigación penal.
Estas pruebas, según la Fiscalía, representan acciones concretas de presión o manipulación, dirigidas a alterar testimonios o evitar que se presenten ante las autoridades. El Ministerio Público considera que esta conducta atenta contra la integridad del proceso judicial y podría agravar la situación legal de los acusados.
La defensa responde: “Se trata de una versión unilateral”
Los representantes legales de los hermanos Espaillat reconocen que existe una denuncia por supuestas amenazas, pero alegan que la investigación es confidencial. Sostienen que presentarán su versión de los hechos en el momento procesal correspondiente y subrayan que aún no se ha emitido una sentencia condenatoria ni se ha celebrado juicio oral.
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El Ministerio Público ha enfatizado que proteger la integridad y libertad de los testigos es esencial para garantizar la transparencia del proceso. Por ello, advirtió que cualquier intento de interferencia será tratado con la mayor severidad posible, ya que representa un riesgo para la verdad judicial.
El caso Jet Set, que comenzó tras el colapso del techo del establecimiento, ha generado gran atención pública por las condiciones del local y las responsabilidades legales de sus propietarios. Esta nueva acusación añade un componente delicado al expediente penal, al introducir la figura de la obstrucción judicial por intimidación de testigos, prevista en el Código Procesal Penal dominicano.
