El Senado de la República Dominicana aprobó en segunda lectura un proyecto que modifica la Ley de Partidos 33-18. Esta iniciativa busca fortalecer los controles financieros dentro de las organizaciones políticas para prevenir la infiltración de dinero proveniente del narcotráfico y el crimen organizado en el sistema electoral.
De convertirse en ley, la propuesta establecerá nuevos requisitos para los aspirantes a cargos electivos y de dirección partidaria. Entre las exigencias se incluyen la presentación de pruebas antidopaje, certificaciones de no antecedentes penales tanto en República Dominicana como en cualquier país de residencia durante los últimos quince años, y la autorización para verificar sus informaciones patrimoniales y financieras.
Además, los partidos deberán implementar programas internos de cumplimiento normativo, conocidos como compliance, y designar un oficial o unidad encargada de supervisar estos controles. La reforma introduce procedimientos de debida diligencia que obligarán a los partidos a verificar los antecedentes, actividades económicas y el origen de los recursos de precandidatos, candidatos, dirigentes, donantes y financistas.
También se endurecen las reglas sobre el financiamiento partidario, exigiendo la identificación y documentación de cada aporte, su monto, fecha, medio de pago y destino final, así como la figura del aportante final. La Junta Central Electoral (JCE) vería ampliadas sus facultades a través del fortalecimiento de su Unidad Especializada de Control Financiero, mientras que los partidos que incumplan podrían enfrentar la suspensión de sus partidas de financiamiento público.
