SANTO DOMINGO. — En una sesión cargada de tensión y posturas encontradas, el Senado dominicano aprobó en primera lectura el proyecto de ley de contrataciones públicas. Aunque el texto busca fortalecer los controles del gasto estatal y sancionar irregularidades, su contenido encendió una intensa polémica entre los legisladores, poniendo en evidencia un conflicto de fondo: ¿cómo lograr transparencia sin afectar derechos individuales?
El senador Antonio Marte, representante de Santiago Rodríguez, no se guardó su opinión. “Esto es un disparate”, exclamó ante el hemiciclo, refiriéndose a las restricciones que prohíben a familiares de legisladores y funcionarios contratar con el Estado, incluso si no administran fondos públicos. Marte aseguró que la medida es un exceso que atropella los derechos de esposas, hijos y yernos: “¿Cómo le niegan el derecho al trabajo a alguien solo por su apellido?”, cuestionó con vehemencia.
Del otro lado del debate, el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, apuntó sus críticas al proceso mismo: la falta de vistas públicas y la introducción de modificaciones de último minuto sin análisis previo. “Estamos aprobando una ley sin escuchar a quienes será aplicada. Eso es un retroceso”, sentenció.
Pese a estas objeciones, la mayoría de senadores dio luz verde al proyecto en su primera lectura, alegando que la norma refuerza la capacidad de control institucional, promueve la digitalización de los procesos y endurece las sanciones por fraude o fraccionamiento de contratos. En teoría, se trata de cerrar las grietas por donde históricamente se han escapado millones de pesos en corrupción.
Pero en la práctica, la discusión revela una fractura institucional más profunda: mientras unos apelan a proteger al Estado del clientelismo y los privilegios, otros temen caer en un populismo normativo que penalice incluso a quienes no son parte de la función pública.
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