Santo Domingo, Rep. Dom.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, denunció que las recientes difamaciones e injurias en su contra podrían estar impulsadas por una estructura organizada con posibles vínculos dentro del propio Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que pertenece.
Durante una entrevista en el programa “El Día”, transmitido por Telesistema, canal 11, Raful no descartó que los señalamientos realizados por el comunicador Ángel Martínez y la influencer Ingrid Jorge —conocida como “La Torita”— cuenten con respaldo interno en el partido oficialista.
“Yo creo que sí, la investigación lo arrojará. Eso hay que dejárselo al Ministerio Público y a la justicia. Hay personas que, aunque parezcan afines, no lo son, y que han ayudado a que este tipo de basura comunicacional se fomente. Esa es la degradación de la comunicación”, declaró Raful.
La funcionaria explicó que este tipo de ataques no solo proviene de actores externos, sino también de sectores internos motivados por disputas políticas. “Hay luchas internas que se dan de forma soterrada, donde la gente no quiere dar la cara y a veces uno se convierte en objetivo. Esa es la parte de la política que uno tiene que aprender a sortear, pero todo tiene un límite”, puntualizó.
La investigación, encabezada por el Ministerio Público, busca determinar si existe una red articulada detrás de las acusaciones y con qué propósito actúan. Raful fue enfática al asegurar que no contempla la conciliación con los imputados.
“No tengo ningún interés de conciliar con personas que han actuado con tanta mala fe. Esto debe continuar hasta las últimas consecuencias, porque se trata de dignidad y de respeto a las instituciones”, subrayó.
Las acciones judiciales ya han arrojado medidas de coerción contra los implicados. En el caso de Ángel Martínez, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, impuso una garantía económica de RD$500,000.00 impedimento de salida del país y presentación periódica.
Por su parte, Ingrid Jorge deberá cumplir con una garantía económica de RD$200,000.00 en efectivo, además de impedimento de salida y presentación periódica, de acuerdo con la decisión de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Raful aclaró que la investigación en curso deberá identificar a los autores intelectuales detrás de esta campaña y reiteró que estos ataques buscan debilitar su posición en el Gobierno y en el PRM.
“Hay quienes creen que, a través del descrédito, pueden ganar espacio. Pero la verdad siempre sale a flote, y esto apenas comienza. La justicia hablará”, concluyó.
Esta denuncia vuelve a poner en el centro del debate la utilización de redes sociales como arma política, así como la necesidad de regular de manera efectiva las campañas de difamación en el ecosistema digital.
