El dirigente político José Dantés Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario jurídico de esa organización, denunció públicamente una presunta operación crediticia irregular en el Banco Agrícola de la República Dominicana.
A través de su cuenta en la red social X, Dantés Díaz afirmó que la entidad financiera estatal otorgó un préstamo por RD$125 millones a un supuesto productor no elegible para crédito, al encontrarse clasificado en categoría E1, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.
Según explicó, la categoría E1 inhabilita al beneficiario para recibir financiamiento, al tratarse de un deudor con alto nivel de deterioro crediticio. Agregó que la normativa vigente establece que, si aun así una entidad decide asumir ese riesgo, debe constituir reservas y apropiaciones por el monto total expuesto, como mecanismo de protección patrimonial y prudencial.
El Banco Agrícola otorgó RD$125 millones a un supuesto productor no elegible para crédito, al estar clasificado en categoría E1 conforme al Reglamento de Evaluación de Activos de la Ley 183-02, lo que lo inhabilita para recibir financiamiento.
De acuerdo con la Ley Monetaria y… pic.twitter.com/QyKeJuftAL
— José Dantés Díaz (@josedantesd) January 22, 2026
“Así se maneja ‘prudentemente’ el Banco Agrícola”, escribió el dirigente político, al señalar que la institución habría concedido créditos de alto riesgo y, tras el presunto incumplimiento, otorgado nuevos préstamos para ocultar las moras del financiamiento original.
La denuncia apunta directamente a prácticas que podrían contravenir los principios de gestión prudente del riesgo crediticio, así como los estándares de transparencia exigidos a las entidades financieras públicas, especialmente aquellas sujetas al marco de la Ley Monetaria y Financiera y a la supervisión del sistema financiero dominicano.
Hasta el momento, el Banco Agrícola no ha emitido una posición oficial sobre las acusaciones. El señalamiento se produce en un contexto de mayor escrutinio público sobre la calidad de la cartera crediticia, el uso de recursos estatales y la gobernanza de las instituciones financieras del Estado.
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