El gobierno de Venezuela anunció este jueves la liberación de un “número importante” de ciudadanos venezolanos y extranjeros privados de libertad, en lo que describió como un gesto orientado a consolidar la paz y la convivencia nacional, a solo cinco días de la intervención militar de Estados Unidos y la captura del expresidente Nicolás Maduro.
La información fue confirmada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien aseguró que los procesos de excarcelación “están ocurriendo desde este mismo momento”. Según explicó, la medida busca promover la convivencia pacífica sin distinción política, religiosa, económica o social.
Rodríguez, uno de los dirigentes más cercanos al entorno del gobierno depuesto, no precisó cuántas personas serán liberadas ni los criterios aplicados, limitándose a señalar que se trata de una decisión de alcance significativo.
En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó la liberación de cinco ciudadanos españoles, uno de ellos con doble nacionalidad, quienes ya se encontraban en tránsito hacia España, asistidos por la embajada española en Caracas. El gobierno español calificó la medida como “un paso positivo en la nueva etapa que atraviesa Venezuela”.
Por su parte, el Foro Penal, una de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas del país, recordó que hasta el 29 de diciembre había 863 personas detenidas por razones políticas, de acuerdo con sus registros. Las autoridades venezolanas, sin embargo, rechazan la existencia de presos políticos y sostienen que los detenidos enfrentan cargos vinculados a conspiración y desestabilización institucional.
El director del Foro Penal, Alfredo Romero, calificó las excarcelaciones como “buenas noticias”, aunque advirtió que la organización verificará caso por caso cada liberación, incluyendo la de ciudadanos extranjeros.
El anuncio se produce en un contexto de alta tensión política, luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamara en 2024 a Nicolás Maduro como ganador de los comicios presidenciales, en medio de cuestionamientos de la oposición y de la comunidad internacional. Las denuncias de fraude derivaron en protestas masivas, operativos de seguridad, arrestos y señalamientos de violaciones a los derechos humanos, con al menos 2,000 personas detenidas, según cifras oficiales.
