El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, enfrenta una de las crisis más severas de su mandato tras declarar la ley marcial el pasado martes, una decisión que sorprendió incluso a los altos mandos de su propio gabinete y al partido conservador gobernante. El Parlamento del país se dispone a votar su destitución, un proceso que podría dejarlo sin poderes presidenciales si prospera.
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En un discurso televisado de apenas dos minutos, Yoon, de 63 años, se disculpó públicamente y negó cualquier intención de repetir la aplicación de poderes de emergencia. “Nunca habrá una segunda ley marcial”, aseguró, en un intento de calmar las crecientes tensiones políticas y sociales.
El anuncio de la ley marcial ha dejado a Yoon políticamente aislado. A mitad de su mandato de cinco años, con una popularidad en mínimos históricos y una legislatura controlada por la oposición, su capacidad de gobernar está profundamente limitada. De ser aprobado el juicio político, Yoon perdería de inmediato sus poderes presidenciales, que serían asumidos temporalmente por el primer ministro, mientras el Tribunal Constitucional evalúa los méritos legales de su destitución.
Contexto político y desafíos de gobernabilidad
Elegido en 2022 por un margen de menos de un punto porcentual, Yoon llegó al poder en un clima de fuerte polarización política. Sus nombramientos en el gabinete, su estilo de comunicación y el manejo de la economía han generado descontento en el electorado. Aunque ha obtenido logros en política exterior, como la normalización de relaciones con Japón y fortalecer la alianza con Estados Unidos, su gestión interna ha sido fuertemente cuestionada.
Soldados Surcoreanos entran al parlamento
La declaración de la ley marcial, según reportes, fue propuesta por el ministro de defensa, cuya renuncia fue aceptada por el presidente. En reacción, todo el gabinete presentó sus dimisiones. A pesar de estas medidas, Yoon señaló su intención de trabajar estrechamente con su partido para estabilizar la situación.
Un Parlamento dividido y votación clave
La oposición, liderada por el Partido Demócrata, controla al menos 192 de los 300 escaños de la Asamblea Nacional, lo que les da una sólida ventaja en la votación. Sin embargo, para alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar la destitución, al menos un puñado de legisladores del partido de Yoon deberán votar en contra del presidente. Un legislador conservador ya ha expresado públicamente su apoyo al juicio político, aumentando las probabilidades de que la moción prospere.
En caso de rechazo, los legisladores opositores han anunciado que impulsarán una nueva votación el 11 de diciembre, marcando un periodo crítico para la estabilidad política del país.
Movilizaciones ciudadanas y críticas de la oposición
El sábado por la tarde, se esperan manifestaciones masivas frente al edificio de la Asamblea Nacional y en la Plaza Gwanghwamun en Seúl, un sitio emblemático en la historia democrática de Corea del Sur. La ciudadanía, profundamente dividida, sigue el desarrollo de los acontecimientos con interés y preocupación.
Líderes opositores han intensificado sus críticas. Lee Jae-myung, del Partido Demócrata, calificó al presidente como el “mayor riesgo” para el país y pidió su renuncia. Cho Kuk, líder del Partido Reconstruyendo Corea, apeló a los legisladores conservadores para apoyar la destitución, afirmando que “no deben ser cómplices de un golpe militar”.
Escenario de destitución
Si el Parlamento destituye a Yoon, el Tribunal Constitucional revisará el caso, un proceso que podría durar hasta seis meses. Durante ese tiempo, el país operará con un presidente interino. Corea del Sur ya vivió un proceso similar en 2016, cuando la entonces presidenta Park Geun-hye fue destituida.
La crisis actual pone de relieve las tensiones estructurales de la política surcoreana, así como los desafíos de liderazgo en un entorno polarizado. El desenlace de esta votación será clave para determinar el futuro político de Corea del Sur y la estabilidad de su democracia.
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