Seúl. Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk Yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al decretar la ley marcial a finales de 2024.
El juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl, sostuvo que la decisión del exmandatario generó “enormes costos sociales” y que no se evidenció arrepentimiento por los hechos. “Lo sentenciamos a prisión perpetua”, expresó en la lectura del fallo.
Los Hechos
El 3 de diciembre de 2024, Yoon apareció en un mensaje televisado para anunciar la ley marcial, alegando amenazas de “fuerzas antiestatales” y riesgos vinculados a influencia norcoreana.
La medida suspendía el gobierno civil y establecía mando militar. Sin embargo, fue revertida apenas seis horas después, cuando legisladores lograron ingresar al Parlamento y votar de urgencia para anular la disposición.
Según el tribunal, el expresidente envió militares a la sede legislativa con la intención de paralizar la Asamblea Nacional por un período considerable.
Cargos Y Sentencia
Yoon, de 65 años, fue acusado de insurrección y otros delitos, incluyendo obstrucción de la justicia. Bajo la legislación surcoreana, el delito de insurrección contempla únicamente dos penas: prisión perpetua o muerte.
Los fiscales solicitaron la pena capital. Finalmente, el tribunal optó por cadena perpetua.
El exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue condenado a 30 años de prisión por su papel en la crisis.
Impacto Institucional
Corea del Sur es considerada una de las democracias más consolidadas de Asia. No obstante, el intento fallido de Yoon reavivó recuerdos de los golpes militares que marcaron el país entre 1960 y 1980.
Miles de simpatizantes se congregaron frente al tribunal tras conocerse el veredicto, mientras fuerzas policiales reforzaron la seguridad para evitar disturbios.
Yoon, quien ha negado haber actuado ilegalmente, sostiene que su decisión buscaba “salvaguardar la libertad” frente a lo que calificó como una “dictadura legislativa”.
Perspectiva:
La sentencia marca un hito judicial en Corea del Sur y refuerza el mensaje institucional de que incluso la máxima autoridad del Ejecutivo puede ser procesada y condenada bajo el marco constitucional vigente.
