La actividad económica atravesaba una profunda contracción, los precios subían como la espuma y la popularidad del gobierno caía de manera estrepitosa. La política económica aplicada desde 1987 generó graves distorsiones que en 1990 provocaron el desplome del 5.5% del producto interno bruto (PIB), una inflación histórica del 80% y una tasa de desocupación del 23%. Esa crisis elevó la pobreza, deterioró el bienestar de la población y alimentó un pesimismo que condujo a miles de dominicanos a emigrar a Estados Unidos y a España.
A pesar de que el gobierno de entonces llevó a cabo un amplio programa de inversiones públicas a nivel nacional, el financiamiento del déficit fiscal mediante el retraso en el pago del servicio de la deuda externa y el uso del crédito doméstico neto proveniente del Banco Central (conocido popularmente como emisión de “pesos inorgánicos”) impactaron negativamente la actividad económica privada. El crecimiento excesivo de la oferta monetaria, unido a una política irracional de control cambiario, elevó la cotización del dólar de 2.82 pesos en agosto de 1986 a 13 pesos en marzo de 1991, una variación acumulada de un 361% en poco más de cuatro años, equivalente a un incremento mensual de un 2.8%.
En 1990, el presidente Joaquín Balaguer pasaba por una etapa política muy difícil y, pese a ello, se presentó a las elecciones presidenciales con casi 84 años. En medio de esa alarmante coyuntura económica, social y política, agravada por el desabastecimiento de combustible y el imparable encarecimiento de los bienes de primera necesidad, Balaguer logró retener el poder.
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Los resultados electorales fueron objeto de severas críticas, pero estas no acobardaron al mandatario, quien convenció a los principales representantes de la sociedad a sentarse en una mesa de negociaciones en agosto de 1990. De ahí surgió el Pacto de Solidaridad Económica, que contó con la mediación de Monseñor Agripino Núñez. Dicho acuerdo redujo las tensiones sociales y originó las condiciones para que se implementase un importante conjunto de reformas estructurales, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, encabezado por César Miquel.
En septiembre, el presidente Balaguer, un hombre astuto y de temple de acero que parecía no tener miedo a nada ni a nadie, comenzó a ejecutar la reforma arancelaria. Mediante un decreto, eliminó gran parte del esquema arancelario que había protegido la industria nacional vigente desde 1968 bajo la Ley 299 de Incentivo y Protección Industrial, la cual daba soporte al modelo de sustitución de importaciones. Previamente, se había promulgado la Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas, cuyo propósito es promover las exportaciones de bienes y servicios mediante un régimen especial de incentivos fiscales y medidas de flexibilización aduanera.
La reducción de la tarifa arancelaria promedio, la corrección de las bases imponibles de los bienes importados, tanto insumos para la industria como de consumo final, y las mejoras administrativas implementadas en la Dirección General de Aduanas incrementaron las recaudaciones, lo que redujo el déficit fiscal. Ese primer paso disminuyó la necesidad de financiamiento inflacionario del Banco Central, estabilizó el tipo de cambio alrededor de 12.50 pesos por dólar y moderó la tasa de inflación. Respecto al mercado cambiario, cabe destacar que las autoridades del Banco Central retornaron al principio de “una sola moneda, una sola tasa,” que se había establecido con la unificación cambiaria de 1985, lo que significó la eliminación de las distorsiones derivadas de la existencia de tasas de cambio múltiples.
En 1992, el Congreso Nacional aprobó la Ley 11-92 que estableció el Código Tributario. En ese momento, el país colocó una pieza importante de lo que debe ser un sistema tributario óptimo, capaz de garantizar la neutralidad, la equidad y la eficiencia recaudatoria. La citada reforma tributaria ayudó a racionalizar los incentivos fiscales y eliminó aquellos que fueron ampliamente utilizados para eludir el pago del Impuesto sobre la Renta.
Para modernizar y mejorar las condiciones del mercado laboral, ese año se promulgó también un nuevo Código de Trabajo (Ley 16-92), que sustituyó el Código Trujillo de Trabajo de 1951. El novedoso marco normativo mejoró aspectos fundamentales de las relaciones entre trabajadores y empleadores y favoreció, en ese entonces, la creación de empleos más dignos.
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Con el objetivo de estimular y facilitar la entrada de capitales al país, el gobierno del presidente Balaguer, quien volvió a retener el poder en las elecciones de 1994, aprobó la Ley 16-95 de Inversión Extranjera. Esa legislación brinda el mismo tratamiento a la inversión extranjera que a la nacional, eliminando cualquier tipo de discriminación. Además, otorga la libre repatriación de capital y dividendos. Ese marco jurídico ha permitido que en la actualidad la República Dominicana reciba más de 4,500 millones de dólares anuales de inversión extranjera en sectores clave para el crecimiento económico nacional, como son las actividades eléctricas, turísticas y de zonas francas.
Las reformas estructurales aplicadas y el entorno macroeconómico estable creado entre 1991 y 1993 impulsaron la recuperación del ritmo de crecimiento del PIB. Entre 1991 y 2024, la tasa de crecimiento promedio del PIB real ha sido de un 5%, lo que ha favorecido el ingreso per cápita. El buen desempeño económico se ha traducido en un significativo aumento del valor agregado nominal en dólares, que se elevó de 7,167 millones en 1990 a 124,600 millones de dólares en 2024.
Las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Balaguer entre 1990 y 1993 cambiaron las expectativas de los agentes económicos hacia una postura optimista que propició la inversión productiva. El repunte sostenido de la actividad económica, la creación de empleo y el aumento de los salarios ayudó a mejorar las condiciones de vida de la población y reducir la pobreza. Balaguer demostró que, en los momentos más adversos, es posible renovarse y rectificar el rumbo hacia una trayectoria de mayor confianza que permita un desarrollo económico sostenido y una mejor calidad de vida. No cabe duda de que el doctor ha legado al pueblo dominicano una lección perdurable.
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