La gestión eficiente de los servicios sociales provistos por el sector público repercute directamente en el bienestar de las personas. Esa afirmación resulta fundamental, dado el peso que tiene el gasto en educación y salud dentro del presupuesto público, así como su importancia en el proceso de acumulación de capital humano.
Existe amplia evidencia empírica que demuestra que las políticas orientadas a elevar la calificación promedio de los administradores de los servicios sociales mejoran la eficiencia del Estado. En esa línea, los profesores de Economía, Pablo Muñoz (Universidad de Chile) y Cristóbal Otero (Universidad de Columbia, Estados Unidos), realizaron un riguroso estudio sobre el impacto de una política destinada a optimizar el desempeño de los gerentes responsables del suministro de servicios de salud pública en Chile.
En su estudio “Managers and Public Hospital Performance,” publicado recientemente en la revista científica “American Economic Review,” los autores analizaron el efecto de la reforma aprobada en Chile en 2003 mediante la cual se estableció un sistema de elección competitiva del personal del sector público. En particular, se aborda el impacto de contratar al director general de los hospitales en función de su preparación académica y su experiencia laboral. En lugar de médicos sin conocimientos en gestión de centros de salud, se nombraron expertos en administración, economía, optimización de procesos y contabilidad.
La tasa de mortalidad de los hospitales incluidos en el estudio se utiliza como indicador de desempeño. Entre los principales hallazgos, los investigadores destacan que la contratación de administradores con sólida formación gerencial redujo dicho indicador en 0.208 puntos porcentuales (equivalente a un 8%) durante los tres años posteriores a la adopción del nuevo sistema de selección del personal, a partir de una tasa de mortalidad promedio de un 2.6%, previa a la reforma. El círculo virtuoso se cerró con el establecimiento de un sistema de remuneración vinculado al desempeño, lo que permitió retener y atraer talento administrativo hacia la gestión hospitalaria, en beneficio directo de los pacientes chilenos.
En el ámbito educativo, también se ha comprobado que la calidad de la gestión de los centros escolares incide de manera positiva en el desempeño de los alumnos. Los profesores de Economía, Víctor Lavy (Universidad de Warwick, Reino Unido), Adi Boiko (Hebrew University, Israel), y Genia Rachkovski (Northwestern University, Estados Unidos), publicaron en el año 2024 un ensayo en el que confirman que una gestión de calidad en las escuelas públicas mejora los resultados académicos de los estudiantes. Los autores comprobaron que los centros de enseñanza dirigidos por buenos gerentes exhiben prioridades más claras, procedimientos de trabajo bien definidos y un entorno con menor nivel de violencia estudiantil. En concreto, una mejora de una desviación estándar en la calidad del director ejecutivo conduce a un aumento aproximado de 0.04 desviaciones estándar en los puntajes de las calificaciones de los alumnos.
La buena gestión educativa implica un proceso adecuado de contratación, supervisión y evaluación del profesorado. El objetivo de un administrador eficiente es adoptar medidas que maximicen el “valor agregado” de los docentes, cuantificado a través de los resultados de pruebas estandarizadas aplicadas a los alumnos preuniversitarios. Para alcanzar esa meta, es preciso que los sindicatos de maestros comprendan que el futuro de los estudiantes depende de la capacidad pedagógica de cada profesor. En consecuencia, quien no alcance un desempeño mínimo debe someterse a programas de capacitación o, en última instancia, a ser apartado del sistema de enseñanza pública.
En 1998, Joshua D. Angrist (MIT, Estados Unidos), premio Nobel de Economía, y Víctor Lavy publicaron un ensayo sobre el efecto de la formación docente en el rendimiento estudiantil en matemáticas y lectura. Los resultados evidencian que el entrenamiento pedagógico impartido a los maestros en Israel mejoró las calificaciones de los alumnos entre 0.2 y 0.4 desviaciones estándar. Esa conclusión es relevante, porque debería motivar a los padres a exigir la evaluación del equipo docente para determinar su calidad y, en caso necesario, exigir su entrenamiento -en contenido y métodos pedagógicos- con el fin de mejorar su aporte al aprendizaje de sus estudiantes.
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Un ensayo más reciente, publicado en 2014, ratificó que la calidad de la formación del profesorado puede incrementar el rendimiento académico de los alumnos. Los economistas Raj Chetty, John Friedman (ambos profesores de la Universidad de Harvard, Estados Unidos) y Jonah Rockoff (Universidad de Columbia, Estados Unidos) demostraron también que el valor agregado de los maestros influye de manera positiva sobre el desempeño del estudiante cuando llega a la edad adulta. A partir de los datos correspondientes a un millón de niños escolarizados en centros públicos, los autores hallaron que aquellos que tuvieron mejores profesores presentaban una probabilidad más alta de continuar sus estudios y obtener salarios más elevados, además de registrar menor incidencia de embarazos adolescentes. Según sus estimaciones, sustituir un profesor poco capacitado por otro mejor incrementaría el valor presente del flujo de ingresos de los estudiantes en unos 250 mil dólares por aula.
El nombramiento de administradores competentes en la gestión de los servicios públicos, como en las citadas áreas de salud y educación, genera un beneficio de mayor magnitud que el que se logra cuando la contratación es discrecional o producto del clientelismo político. Luis Garicano, profesor de Políticas Públicas en la London School of Economics (Reino Unido) y el economista Abel Sánchez señalaron en julio pasado que “mientras los directivos de las empresas públicas, los reguladores y los técnicos dependan de nombramientos políticos para mantener sus cargos y ascender, la corrupción seguirá siendo sistémica.” Ante ese panorama, recomiendan eliminar los cargos de libre designación y establecer sistemas de concursos públicos para la selección de directivos en empresas y organismos estatales.
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A la luz de la evidencia, puede concluirse que, al igual que logró Lee Kuan Yew en Singapur, resulta indispensable transformar el servicio público de la República Dominicana en una institución honesta y eficiente. Ello implica instaurar un sistema de contratación del personal basado en la meritocracia, pilar fundamental para alcanzar la eficiencia administrativa en el uso de los recursos públicos y, al mismo tiempo, reducir la corrupción y acelerar el ritmo de crecimiento económico.
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