Las cadenas globales de valor están atravesando una reconfiguración a toda velocidad. Disrupciones logísticas, tensiones geopolíticas y el empuje de la digitalización han convertido al nearshoring en la estrategia de moda para muchas empresas. ¿Nearshoring? ¿Con qué se come eso, como dirían por ahí? Básicamente, se trata de acercar las operaciones productivas a los grandes mercados de consumo, no solo por eficiencia, sino también por seguridad, control fiscal y rapidez de respuesta ante crisis. En ese nuevo tablero global, República Dominicana empieza a sonar con fuerza como una plataforma confiable: geografía estratégica, reglas claras y un ecosistema de zonas francas que ya tiene experiencia exportadora. ¿La clave? No dejar que esta oportunidad pase de largo.
Sin embargo, más allá de su impacto económico inmediato en términos de empleo o exportaciones, el auge del nearshoring plantea un desafío —y a la vez una oportunidad— para el diseño y ejecución de la política fiscal. ¿Está preparada la Hacienda Pública para acompañar, aprovechar y transformar esta nueva ola de inversión internacional en una fuente sostenible de ingresos, equidad tributaria y modernización del gasto público?
Durante los últimos años, el país ha registrado un aumento notable de inversión extranjera directa (IED) vinculada a sectores como manufactura médica, electrónica, textil especializada y servicios tecnológicos. Estos proyectos, si bien en su mayoría se canalizan a través del régimen especial de zonas francas, generan efectos colaterales significativos en otros ámbitos de la economía formal, como el transporte, la construcción, la logística y los servicios profesionales.
Esta tendencia ascendente puede observarse con claridad en la evolución reciente de la IED neta hacia República Dominicana, reflejada en la siguiente gráfica:
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Aunque los datos disponibles no desagregan los flujos atribuibles exclusivamente al nearshoring, la evolución positiva de la IED total sugiere un impacto creciente de esta tendencia en sectores estratégicos del país. Esta expansión, de mantenerse, podría traducirse en una ampliación indirecta de la base tributaria, a través de:
- Nuevos contribuyentes en sectores complementarios no exentos.
- Mayor formalización laboral y aumento de ingresos personales declarados.
- Crecimiento del consumo interno en áreas productivas, lo que incrementa la recaudación de impuestos indirectos como el ITBIS.
Desde la perspectiva de la Hacienda Pública, el reto consiste en construir los mecanismos institucionales y normativos que permitan capturar eficientemente ese valor agregado, sin comprometer la competitividad del país como destino de inversión. Actualmente, el régimen de incentivos fiscales aplicado representa uno de los pilares del modelo de atracción de capital externo. No obstante, su peso sobre las cuentas fiscales —con un costo estimado superior al 4 % del PIB en exenciones generales— obliga a una revisión crítica de su estructura, condiciones y duración.
Este contexto obliga a repensar cómo el Estado puede transformar estos flujos de inversión en herramientas efectivas de política fiscal. En un entorno regional cada vez más competitivo, donde países como México, Costa Rica o Colombia han comenzado a diseñar incentivos fiscales condicionados al desempeño y a la integración con economías locales, República Dominicana tiene la oportunidad de transitar hacia un modelo más racional y estratégico. Para ello, sería recomendable avanzar hacia:
- Incentivos temporales y vinculados a resultados medibles (empleo, inversión en I+D, encadenamientos).
- Mecanismos de salida claros para beneficios fiscales cuando se cumplan los plazos o dejen de cumplirse condiciones
- Evaluaciones periódicas del impacto fiscal y económico de los regímenes especiales.
La comparación regional permite contextualizar la posición dominicana. En el año 2024, la República Dominicana se consolidó como el principal receptor de inversión extranjera directa en la región de Centroamérica y el Caribe, al alcanzar un total de 4,523.20 millones de dólares, superando incluso a economías altamente competitivas como Costa Rica (4,275.04 millones) y Panamá (2,375.88 millones). Este liderazgo no solo refleja confianza del capital foráneo, sino también el impacto tangible que el nearshoring está teniendo en la atracción de inversiones hacia sectores estratégicos. Ver gráfica a continuación:
Este desempeño regional demuestra que República Dominicana y Costa Rica se han convertido en referentes dentro del contexto centroamericano en materia de captación de capital foráneo, debido en parte a su estabilidad macroeconómica, apertura comercial y conectividad logística. A diferencia de otras economías de menor dinamismo, ambos países han logrado construir ecosistemas atractivos para la inversión, aunque con estrategias distintas: mientras Costa Rica apuesta por el talento humano altamente calificado y la innovación, República Dominicana destaca por su agilidad logística y costos competitivos.
Pero la dimensión fiscal del nearshoring no se agota en la tributación. También exige una acción decidida en materia de gasto público. Para sostener el atractivo del país como hub regional, será clave una inversión estatal sostenida en infraestructura logística. Esto incluye carreteras, puertos, zonas industriales y conectividad digital. Igualmente, la adecuación del capital humano mediante formación técnica especializada y la reducción de barreras administrativas y regulatorias pueden convertirse en ventajas competitivas no tributarias con igual o mayor efecto que una exención impositiva.
El rol de la institucionalidad fiscal es, entonces, doble: recaudar con eficiencia, pero también asignar con visión de desarrollo. En este marco, resulta imprescindible fortalecer las capacidades técnicas de la administración tributaria para monitorear sectores en rápida expansión y, paralelamente, asegurar que el diseño presupuestario acompañe las transformaciones estructurales que este fenómeno puede inducir.
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El auge del nearshoring, en definitiva, ha reconfigurado el mapa de la inversión extranjera directa en América Latina, favoreciendo a países con ventajas logísticas, estabilidad institucional y marcos regulatorios favorables. En 2024, Brasil, México y Chile encabezaron la captación de IED en la región, acumulando entre los tres más del 50 % de los flujos totales hacia América Latina y el Caribe. México, en particular, ha capitalizado su cercanía con Estados Unidos y su ecosistema industrial integrado, convirtiéndose en el principal destino regional para las empresas que relocalizan operaciones en Norteamérica.
Frente a estos gigantes regionales, la República Dominicana ha logrado posicionarse como un actor emergente en el Caribe y Centroamérica, liderando la captación de IED en su subregión y destacándose por su dinamismo en sectores estratégicos como manufactura médica, electrónica, logística y servicios tecnológicos. Sin embargo, si desea consolidar y escalar esa posición, el país debe avanzar más allá de un modelo de incentivos fiscales generalizados y adoptar una estrategia competitiva más sofisticada.
Para competir efectivamente con los grandes receptores de IED en la región, República Dominicana debe:
- Fortalecer su capital humano, alineando la formación técnica y profesional con las demandas de sectores de alto valor agregado.
- Invertir de forma sostenida en infraestructura logística y energética, asegurando conectividad eficiente y sostenibilidad.
- Modernizar su institucionalidad fiscal, garantizando un marco normativo transparente, eficiente y predecible.
- Diseñar regímenes de incentivos inteligentes y condicionados, que premien la innovación, la integración local y la creación de empleo de calidad.
- Fomentar la articulación entre zonas francas y economía local, para maximizar el impacto multiplicador de la inversión extranjera.
El desafío no es solo atraer capital, sino traducirlo en desarrollo económico inclusivo y en una mayor capacidad del Estado para financiar bienes públicos de calidad. La Hacienda Pública, en este sentido, debe jugar un rol proactivo: no como simple recaudadora, sino como arquitecta de un nuevo contrato fiscal que permita transformar la inversión en bienestar sostenible.
Convertir el nearshoring en una verdadera palanca de desarrollo no será fruto del azar, sino del diseño institucional, la visión de largo plazo y la capacidad del Estado para transformar inversión en bienestar. República Dominicana está en una posición única para aprovechar esta ola geoeconómica. Pero para que el nearshoring sea más que una tendencia pasajera, debe convertirse en el catalizador de una transformación fiscal y productiva de largo aliento.
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