SANTO DOMINGO.- Después de más de dos décadas de la promulgación de la Ley General de Electricidad No. 125-01, vale la pena hacernos una pregunta incómoda, ¿por qué seguimos enfrentando problemas que el diseño original del mercado eléctrico buscaba precisamente resolver?
La respuesta no es sencilla. El problema del sector eléctrico dominicano no puede explicarse únicamente por la actuación de sus empresas, ni puede resolverse exclusivamente con más generación. La República Dominicana necesita electricidad confiable, pero también necesita que el sistema que la produce, transporta, distribuye y comercializa sea financieramente sostenible.
La electricidad tiene un costo. Generarla requiere combustibles o fuentes primarias de energía, infraestructura, tecnología, operación y mantenimiento, luego debe ser transportada y distribuida hasta los usuarios finales. Cada etapa demanda inversiones y recursos. Pretender que toda esa cadena funcione eficientemente sin una adecuada recuperación de costos es, sencillamente, inviable.
Esto no significa que el usuario deba asumir cualquier costo ni que las empresas estén exentas de responsabilidad. Significa que no puede existir un servicio sostenible si el sistema económico que lo soporta tampoco lo es.
Uno de los principales desafíos continúa siendo reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, mejorar la medición, combatir la morosidad y fortalecer la gestión comercial de las distribuidoras. La eficiencia del sistema no depende solamente de cuánto se genera, sino también de cuánto de esa energía logra convertirse efectivamente en ingresos que permitan mantener y mejorar la infraestructura.
Durante años, el debate energético suele reducirse a la pregunta ¿por qué la electricidad es tan cara? Sin embargo, deberíamos hacernos otra con la misma intensidad: ¿cuánto le cuesta al país no contar con un servicio eléctrico sostenible? Porque el subsidio también tiene un precio.
Un subsidio puede ser una herramienta legítima de política social cuando está focalizado y responde a objetivos concretos. El problema aparece cuando se convierte en un mecanismo permanente para cubrir deficiencias estructurales. En ese escenario, el costo no desaparece, sino que se traslada al presupuesto público y, en última instancia, a los contribuyentes.
Por eso, hablar de sostenibilidad no debería interpretarse como una defensa automática de aumentos tarifarios. La discusión debe ser cuánto cuesta producir la energía, cuánto cuesta distribuirla, cuánto se pierde en el proceso, quién paga, quién subsidia y qué resultados obtenemos a cambio de los recursos invertidos.
Las decisiones que necesita el sistema
Sería injusto colocar toda la responsabilidad sobre las distribuidoras o sobre los usuarios. El Estado tiene un papel determinante en establecer reglas claras, regular y fiscalizar, proteger al usuario y crear condiciones para las inversiones que el sistema necesita… Pero también debe propiciar las condiciones para tomar decisiones que respondan a las necesidades de largo plazo.
Esto implica reconocer que algunas decisiones pueden generar resistencia o requerir ajustes importantes en el corto plazo.
Energías renovables, una oportunidad que exige planificación
El crecimiento de las energías renovables ha transformado el escenario energético dominicano. La expansión de la generación solar y eólica permite diversificar la matriz, reducir la dependencia de determinados combustibles y avanzar hacia una generación más limpia, pero tampoco debemos caer en simplificaciones.
La Ley No. 57-07 representó un paso importante para impulsar las fuentes renovables. Sin embargo, se debe valorar cómo incorporamos más renovables sin comprometer la estabilidad, confiabilidad y sostenibilidad económica del sistema.
Dejar de buscar culpables
El sector eléctrico dominicano no tiene un solo responsable. Tiene problemas acumulados, decisiones regulatorias, políticas públicas, inversiones, pérdidas, comportamientos de usuarios y empresas y, sobre todo, respuestas que durante años han buscado atender el problema sin resolver completamente algunas de sus causas estructurales.
El Estado tiene una responsabilidad innegable porque establece las reglas del juego, las empresas tienen responsabilidades operativas y financieras, y los usuarios también tienen deberes.
No podemos exigir un servicio eléctrico de primer nivel y, al mismo tiempo, construir un sistema en el que nadie quiera asumir el costo de hacerlo posible.
Más de dos décadas después de la Ley 125-01, quizás la pregunta ya no sea quién tiene la culpa de que el mercado eléctrico dominicano no funcione como fue concebido, sino qué ajustes estamos dispuestos a impulsar para que responda a las necesidades del país de hoy y del que tendremos mañana.
José Paulino es ingeniero electromecánico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y asesor energético, con más de 20 años de experiencia profesional en el sector eléctrico de la República Dominicana.
