Adela S nació en un hogar pobre de la República Dominicana. Las condiciones socioeconómicas de su familia no le permitieron acceder a una educación de calidad: salió embarazada siendo adolescente y abandonó la escuela. Hoy trabaja como empleada doméstica en una casa de la capital. Su salario es de RD$25,000 mensuales, más RD$2,000 para el pasaje, y en su lugar de trabajo le proveen la comida, de modo que no incurre en ese gasto durante su jornada.
Según las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, la canasta básica del Quintil 1 —el 20% de los hogares de menores ingresos— se sitúa en RD$29,350.98 al mes. Si asumimos un hogar de cuatro personas (dos adultos y dos hijos), a Adela S le correspondería un consumo individual de aproximadamente RD$7,337.75 mensuales. De ese monto, el beneficio que recibe en su trabajo equivale a RD$5,503.31, es decir, alrededor del 75% de su cuota de consumo individal estimada.
Por otro lado, dada su condición de pobreza registrada en el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), Adela S es elegible —a través del programa Supérate— para recibir los siguientes subsidios mensuales:
- Bonoluz: RD$717
- Bonogás Hogar: RD$470
- Aliméntate: RD$1,650
- Aprende (dos hijos): RD$1,200
Estos beneficios suman RD$4,037 al mes, a los que se agregan dos bonos extraordinarios anuales: el Bono Madre (RD$1,500) y el Bono Navideño (RD$1,650).
En síntesis, Adela S percibe un salario base de RD$25,000, más RD$2,000 de pasaje, más el equivalente a RD$5,503.31 en alimentación cubierta por su empleador y RD$4,037 en subsidios estatales. A todo ello se suma que cuenta con SENASA subsidiado, por lo que no destina un solo peso a su seguro de salud.
En el otro escenario está Adela F. Igual que su homónima, está casada y tiene dos hijos; pero, a diferencia de aquella, su situación económica le permitió concluir sus estudios. Se graduó de Derecho y hoy trabaja como abogada junior en una firma legal, con un salario de RD$39,000 mensuales. Al tener un empleo formal, de ese monto se le descuentan impuestos y seguridad social, de manera que su salario neto ronda los RD$36,047.85. De ahí debe cubrir, además, alrededor de RD$4,000 mensuales en transporte y unos RD$6,000 en alimentación durante su jornada laboral. No recibe ningún subsidio ni bono del Estado.
A primera vista, podríamos pensar que la acción del Estado le permite a Adela S mejorar su nivel de vida, pues con ayuda de los subsidios su ingreso disponible llega a ser incluso mayor que el de una profesional casi recién graduada. Para verlo con claridad, conviene compararlas sobre una misma base: el dinero que a cada una le queda disponible una vez cubiertos el transporte y la alimentación de su jornada.
Adela S conserva, además, dos bonos extraordinarios al año y un seguro de salud que no le cuesta nada.
*Cálculo neto real aplicando deducciones oficiales de ley: TSS e ISR)
Como muestra el cuadro, Adela F —tras pagar su transporte y su comida— dispone de RD$26,047.85. Adela S, a quien el empleador le cubre ambos rubros, conserva su salario y, sumados los subsidios, dispone de RD$29,037; y, encima, no paga seguro de salud y recibe bonos extraordinarios cada año. Dicho de otro modo: la trabajadora doméstica registrada como pobre termina el mes con más dinero libre que la abogada.
Pero la fotografía del presente engaña. En no menos de dos o tres años, la situación de las dos Adelas habrá cambiado de manera radical. Adela S seguirá percibiendo prácticamente lo mismo —quizá un poco más—, atada al mismo techo. Adela F, en cambio, verá crecer su salario, su experiencia y sus oportunidades; su ingreso dará un salto y, con él, su calidad de vida. Y no solo la suya: sus hijos crecerán en un entorno más favorable, mientras que los de Adela S enfrentarán, con alta probabilidad, un horizonte muy parecido al de su madre.
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El problema no está en ninguna de las dos Adelas, sino en el sistema. Cuando el Estado privilegia el asistencialismo temporal por encima de construir las bases para la igualdad de oportunidades —y no solo la igualdad de condiciones—, la brecha social no se cierra: se ensancha. En nuestra historia, Adela F logró superarse; pero a millones de dominicanos el sistema los empuja hacia la informalidad. Quien abandona un empleo o un emprendimiento formal para refugiarse en el mercado informal pierde, de un golpe, la seguridad social, el acceso al financiamiento y la posibilidad de vender dentro de la economía formal: precisamente las herramientas que harían posible su crecimiento.
La reflexión nos obliga a mirar los cimientos: el sistema educativo, el mercado laboral, la seguridad social y el modelo económico. La República Dominicana destina el 4% del PIB a la educación preuniversitaria desde 2013 —más de una década— y, aun así, los resultados de aprendizaje apenas se mueven. Gastamos, pero no transformamos. Y mientras tanto, el diseño de nuestras políticas sociales termina premiando la permanencia en la pobreza por encima del esfuerzo por salir de ella.
Ahí está el verdadero peligro: un país que, sin proponérselo, vuelve más rentable quedarse abajo que intentar subir. Los subsidios son necesarios y, bien usados, salvan vidas; pero deben ser un puente, no un destino. El día en que progresar —estudiar, formalizarse, emprender— deje de castigarse y empiece a premiarse, las dos Adelas dejarán de ser dos historias opuestas para convertirse en una sola: la de un país que, por fin, recompensa a quien decide salir adelante.
