Estados Unidos ha sido y sigue siendo un referente global en materia de oportunidades y derechos durante el último siglo. No en vano, se consolida como la principal potencia económica y ejerce una influencia dominante sobre gran parte del mundo. Una nación no se erige de la noche a la mañana; lo que la define son sus principios fundamentales, que a su vez se reflejan en la solidez de sus instituciones.
La frase “Igualdad de derechos para todos, privilegios especiales para nadie” se atribuye a Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos y principal autor de la Declaración de Independencia, uno de los Padres Fundadores más influyentes de esa nación.
Aunque concisa, esta máxima encierra un mensaje profundo: todos los ciudadanos deben gozar de los mismos derechos y oportunidades, sin distinciones arbitrarias. Por ejemplo, un ganadero que litiga contra una corporación por el impago de tierras no debería enfrentar desventajas ante los tribunales o las instituciones públicas solo por su ocupación. Del mismo modo, un empresario cuya propiedad ha sido invadida no debería ver cómo las autoridades y los juzgados vacilan en emitir un fallo o en emplear las fuerzas del orden para desalojar a los invasores, por temor a pérdidas electorales o represalias.
Nuestro país, pese a su crecimiento económico sostenido, flaquea en estos dos pilares esenciales.
Privilegios especiales para nadie. En República Dominicana, que ejercen algunos sectores de influencia y las posiciones empresariales sobre las autoridades y los juzgados. Un ejemplo paradigmático es la tragedia del Jet Set, donde más de 200 personas de todas las clases sociales perdieron la vida, y hasta la fecha no se ha identificado ni procesado a ningún responsable. El Ministerio Público guarda un silencio ensordecedor, mientras que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) permanecen mudos.
Otro caso revelador es el desarrollo de comercios locales, como el supermercado en construcción en la Avenida Enriquillo, denunciado por el Diario Financiero como una obra sin permisos del MIVED ni del Ministerio de Medio Ambiente. A pesar de ello, no ha habido clausura alguna por parte del MIVED, en contraste con la diligencia mostrada hacia establecimientos chinos similares.
Estos privilegios no se limitan a las élites; permeen el día a día. En un semáforo, miles de motoristas infringen la ley de tránsito al avanzar en rojo ante los ojos de los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET). ¿Existe una legislación especial para ellos? No; lo que prevalece es un régimen de privilegios implícito, sustentado en la inacción de las autoridades, que les permite violar la norma minuto a minuto sin consecuencias. Algo similar ocurre con los “parqueadores” callejeros, quienes cobran por estacionar en espacios públicos y, ante la pasividad policial, imponen un sistema de extorsión velada: si no pagas, tu vehículo corre riesgos.
Igualdad de derechos. Este principio postula que todas las personas deben ser tratadas de manera equitativa ante la ley, con acceso a los mismos derechos y oportunidades, sin discriminación por raza, género, orientación sexual, religión, origen social o cualquier otra condición personal.
En los últimos años, se ha reducido erróneamente la igualdad de derechos a un mero asunto de género —es decir, a equiparar condiciones entre hombres y mujeres—, simplificando un concepto universal que abarca a todo ciudadano, independientemente de su color de piel, clase social, religión, orientación sexual o afiliación política.
En este ámbito, República Dominicana ha experimentado un retroceso preocupante. La función del Ministerio Público es dirigir la investigación penal, ejercer la acción pública en representación de la sociedad, proteger los intereses generales y perseguir los delitos. Sin embargo, su accionar parece sesgado hacia un solo bando político y brilla por su ausencia en casos empresariales como el del Jet Set.
Los ciudadanos se sienten en desventaja al enfrentar instancias donde convergen poder político y económico. Lejos de un discurso socialista —que dista mucho de serlo—, esta crítica aboga por un derecho justo e igualitario para todos, sin privilegios. Cuando nuestro país adopte esta máxima como estandarte, viviremos una verdadera revolución en el estado de derecho: un marco donde las leyes se respeten irrestrictamente y los ciudadanos gocen de garantías plenas, sin importar raza, afiliación política, estatus social u otras distinciones.
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