El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), institución que goza de gran credibilidad, difundió la semana pasada un documento del que se desprenden algunos errores de política monetaria que pondrían en riesgo la estabilidad macroeconómica.
En la Página Abierta que lleva por título “República Dominicana ante un choque petrolero de naturaleza incierta: Un análisis del impacto del conflicto bélico del Medio Oriente en la economía,” publicado el 24 de mayo en el portal web del BCRD, se indica que, en un escenario de choque de oferta transitorio, la institución ha mantenido inalterada su tasa de política monetaria (TPM), la cual se encuentra en una “postura neutral.” A continuación, se añade que, en consistencia con dicha postura, se decidió posponer hasta enero de 2027 el reintegro —previsto para junio de este año— de 46 mil millones de pesos correspondientes a la facilidad de liquidez rápida (FLR). La medida, según el BCRD, intenta evitar “presiones alcistas significativas sobre las tasas de interés, con potenciales efectos adversos en la actividad económica, sin incidir de manera relevante sobre las presiones inflacionarias de origen externo.”
El primer error consiste en afirmar que la postura monetaria es neutral. En un estudio elaborado por técnicos del BCRD se estimó que la tasa de interés real neutral, la compatible con la estabilidad macroeconómica, se ubica alrededor de un 1.5%. Dado que la inflación prevista en los próximos doce meses asciende a un 4.6%, puede calcularse que la tasa de interés de política monetaria debería ser, al menos, igual a un 6.1%. Sin embargo, la TPM actual es de un 5.25%, nivel ratificado en la reunión de política de finales de mayo. Ello significa que la postura monetaria vigente no puede considerarse neutral y, por tanto, resulta incompatible con la estabilidad de precios.
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El cálculo anterior contradice el mensaje del Banco Central y lleva a recomendar a las autoridades que estén preparadas para incrementar la tasa de interés de política en, como mínimo, 100 puntos básicos durante los próximos doce meses; es decir, colocarla en un 6.25%. La claridad de un ajuste al alza de la TPM reduciría la intensidad de la inflación de segunda vuelta y aseguraría el anclaje de las expectativas de inflación.
Si se compara la TPM con la tasa de interés pasiva promedio ponderado, que ha aumentado en lo que va de año 118 puntos básicos hasta llegar a un 7.26% en mayo, se podría afirmar que la tasa de referencia debería situarse entre un 6.25% y un 6.5%. Ese nivel es el requerido para ser consistente con la diferencia histórica entre ambas tasas, que fluctúa entre 80 y 100 puntos básicos.
Por otro lado, el Banco Central ha de considerar en su proceso de toma de decisiones la tasa de política de la Reserva Federal. En la actualidad, la diferencia entre la tasa dominicana y la estadounidense es de 1.75 puntos porcentuales —el nivel más bajo desde el inicio del esquema de metas de inflación en enero de 2012—, mientras que la diferencia promedio entre enero de 2019 y febrero de 2020 (período previo al inicio del esquema de zigzagueo monetario) osciló en casi tres puntos porcentuales. Esa evidencia sugiere que la TPM tendría que llegar a un 6.5%, 125 puntos básicos por encima de la vigente.
Otro error del organismo emisor ha sido la decisión de aplazar hasta enero de 2027 el reintegro de unos 46 mil millones de pesos correspondientes a facilidades de liquidez, con el argumento de preservar condiciones «adecuadas» en el sistema financiero.
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La medida resulta cuestionable por varios motivos. En primer lugar, contradice todo lo que se ha indicado sobre la postura monetaria que se requiere para preservar la estabilidad macroeconómica, sobre todo en un entorno internacional y local que empuja al alza la tasa de interés para evitar propagar la inflación provocada por el choque de oferta negativo hacia bienes intermedios, salarios y precios finales de bienes distintos a los energéticos.
El mercado dominicano ha estado exigiendo un aumento de las tasas de interés y el BCRD corre el riesgo de perder credibilidad si intenta distorsionar ese proceso de ajuste. En ese contexto, cabe destacar que, además de la evolución ascendente de la tasa de interés pasiva, el Ministerio de Hacienda colocó, entre marzo y mayo de 2026, 160 mil millones de pesos de deuda pública, proceso durante el cual el rendimiento de los títulos emitidos subió 107 puntos básicos, al pasar de 10.44% a 11.51%.
En segundo término, el mencionado aplazamiento beneficia con tasas subsidiadas a quienes recibieron los préstamos entre 2024 y 2025, algunos de los cuales pudieron haber realizado operaciones de arbitraje. Ello supone una transferencia de riqueza a agentes económicos que no aportan a la creación de valor agregado. Además, la decisión equivale a modificar los términos y condiciones originales de pago del contrato de préstamo, sin saber si la capacidad financiera del deudor se ha deteriorado o no. En consecuencia, no se dispone de información suficiente para identificar si se trata de un crédito reestructurado —lo que implicaría un aumento de las provisiones—o de una refinanciación.
Por último, aun si se asume la necesidad de mantener o incrementar el nivel de liquidez en la economía, existen otros instrumentos convencionales más eficientes y transparentes para lograrlo. En particular, dado que el Banco Central sabía que en junio tenía que extraer del mercado los 46 mil millones de pesos por vencimiento de la FLR, debió ejecutar una emisión programada y gradual de liquidez mediante mecanismos convencionales. Entre ellos figuran las operaciones de repos (equivalentes a un préstamo con un acuerdo de recompra del título puesto en garantía), la compra de divisas —que habría elevado las reservas internacionales— o las subastas de compras anticipadas de títulos emitidos por el organismo rector de la política monetaria. Dichas medidas de creación de dinero base son más transparentes, eficientes y menos costosas para el BCRD que posponer el vencimiento de la FLR. Definitivamente, urge que el Banco Central corrija sus errores. Su credibilidad, la estabilidad macroeconómica y las expectativas de inflación están en juego.
