La inflación es el peor de los impuestos, pues su incidencia recae en mayor medida sobre la población de menores ingresos. En una democracia, el alza sostenida de los precios suele provocar la sustitución de unos gobernantes por quienes prometen recuperar la estabilidad de precios.
Milton Friedman, premio Nobel de Economía en 1976, sostiene que “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario.” Según esta tesis, la causa principal de la inflación persistente radica en un manejo inadecuado de la política monetaria, reflejado en un exceso de dinero en circulación. Aun cuando los choques de oferta (guerras, epidemias o catástrofes naturales) pueden desencadenar subidas generalizadas de precios, estas son transitorias y solo perduran en el tiempo cuando el crecimiento de la oferta monetaria es superior al de la producción de bienes y servicios.
La evidencia empírica confirma que el control político del banco central constituye un paso decisivo hacia la pérdida de la estabilidad de precios. Los mandatarios que no respetan la restricción presupuestaria, según la cual el Estado no puede gastar siempre por encima de lo que recauda, pretenden financiar el déficit público crónico a través de la impresión de dinero. Ello significa que, cuando los ingresos tributarios y la emisión de deuda pública no generan suficientes recursos para cubrir el total de gastos, el gobierno recurre al impuesto inflacionario.
Thomas Sargent, premio Nobel de Economía en 2011, demostró en diversos estudios teóricos y empíricos que la irresponsabilidad fiscal conduce a financiar el déficit público mediante emisión de dinero. En esa misma línea, destacó que la expectativa de inflación de los agentes económicos aumenta cuando estos perciben que las políticas fiscales y monetarias resultan incompatibles con la estabilidad de precios. En el ensayo “El fin de cuatro grandes inflaciones,” Sargent analiza episodios hiperinflacionarios en Europa (Alemania, Austria, Hungría y Polonia), ocurridos en los años veinte del siglo pasado. El autor muestra que la estabilidad de precios se restableció después de una reforma institucional que combinó un régimen fiscal capaz de mejorar el valor presente del saldo de las finanzas públicas con la creación de bancos centrales independientes, que eliminaron el financiamiento del déficit con emisión monetaria.
De este lado del Atlántico, también se registraron procesos hiperinflacionarios. Argentina, Bolivia, Brasil y Perú los sufrieron en los años ochenta y comienzos de los noventa. Más reciente, Venezuela enfrentó aumentos de precios desbordados como consecuencia del colapso fiscal y de la subordinación del banco central a las necesidades de financiamiento del sector público. La historia dominicana presenta varios episodios de incumplimiento de la restricción presupuestaria. Los presidentes Santana, Báez, Lilís (siglo XIX) y Balaguer (1990) recurrieron a la emisión de billetes para financiar el gasto público, con el consiguiente aumento de precios y el deterioro de las condiciones de vida de la población. En todos los casos, la inflación se contuvo cuando se respetó la restricción presupuestaria en un entorno de independencia del banco central.
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Estados Unidos, emisor de la principal moneda del mundo, nunca ha enfrentado una hiperinflación. Desde el establecimiento de la Reserva Federal en 1913, se ha mantenido, en términos generales, la independencia entre la política monetaria y la fiscal. El episodio más grave de influencia política en el banco central ocurrió durante la presidencia de Richard Nixon y el mandato en la Fed de Arthur Burns (1970-1978), lo que llevó la inflación interanual a un 11% en 1974. Esa etapa ha quedado registrada como una mancha negra en la historia de la Reserva Federal, que erosionó su credibilidad durante una década.
El regreso de Trump inauguró un enfrentamiento entre la Casa Blanca y Jerome Powell, presidente de la Fed. En enero de 2025, la tasa de interés de política monetaria se mantenía entre el 4.25% y el 4.5%, debido a que la tasa de inflación estaba en un 3%, muy por encima de la meta del 2%. En ese mes, Trump dejó claro que deseaba una reducción de la tasa de interés que acelerase el ritmo de crecimiento de la economía. Powell, sin embargo, con el fin de evitar una inflación persistente, optó por “esperar y ver” los efectos de la política arancelaria.
Meses después, Trump intensificó la presión sobre Powell. Pese a que, desde septiembre de 2025, la Fed ha recortado su tasa de interés en tres ocasiones y la ha reducido al rango de 3.50%-3.75% con miras a promover el empleo, el primer mandatario considera insuficiente el ajuste y exige uno más agresivo.
El conflicto se intensificó la semana pasada. El 11 de enero de 2026, Powell anunció haber recibido una citación del Departamento de Justicia, relacionada con su testimonio sobre los costos de renovación de edificios de la Fed. Denunció que esas acciones judiciales constituyen un intento de presionar al banco central para que cambie el mecanismo de fijación de las tasas de interés. Al mismo tiempo, defendió la independencia de la institución, clave para la estabilidad.
Los presidentes y gobernadores de los principales bancos centrales no han dudado en respaldar a Powell. Entre ellos, Christine Lagarde (BCE) y Andrew Bailey (UK) reconocen la importancia de mantener la autonomía de los bancos centrales para la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Por eso recomiendan que “se preserve la independencia, con pleno respeto al estado de derecho y a la responsabilidad democrática.” La misma postura mantienen los expresidentes de la Fed y numerosos académicos, como Ben Bernanke y Janet Yellen.
Por todo ello, Trump debe ponderar el daño que supondría para la credibilidad de la Reserva Federal la designación de un titular complaciente. Sus asesores han de advertirle que una reducción excesiva de las tasas de interés podría romper el anclaje de las expectativas de inflación. Asimismo, es fundamental que el mandatario comprenda que la politización de las decisiones monetarias conduce, de manera inevitable, al deterioro del bienestar social. Ese hecho resulta relevante porque los congresistas responsables de ratificar al próximo presidente de la Fed son conscientes de que la inestabilidad económica puede pasarles factura electoral en noviembre, por lo que es difícil que respalden una nominación que amenace la gestión de la política monetaria.
