La economía dominicana ha demostrado una gran resiliencia. A pesar de los choques de oferta negativos, alcanzó durante el primer semestre de 2026 una tasa de crecimiento de la actividad productiva de un 4.5 %. Según las estimaciones del Banco Central, la economía se expandió un 6.4 % en junio, el mayor ritmo de variación interanual desde abril de 2024. De mantener ese impulso, es muy probable que el año cierre con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) superior al 4 %, a menos que se acentúen las perturbaciones externas y se cometan errores de política económica.
El desempeño alcanzado en lo que va de año contrasta con lo ocurrido en 2025. El descenso de la inversión pública a niveles cercanos a su mínimo histórico y la aplicación de una política monetaria zigzagueante —generadora de incertidumbre, excesiva volatilidad y de numerosas oportunidades de arbitraje financiero— explican, en buena medida, el aumento de apenas un 2.1 % del PIB durante 2025.
Es obvio que el deprimido punto de partida de la actividad económica del año pasado crea un efecto base que favorece las estimaciones de la tasa de crecimiento del período actual. Por ejemplo, si el PIB hubiese alcanzado en 2025 una expansión de un 4.5 %, la variación observada en el primer semestre de 2026 habría sido de un 2.5 %. Aun así, es justo reconocer que, pese al conjunto de choques de oferta negativos —precio del petróleo entre 90 y 100 dólares debido a la guerra en Medio Oriente, política arancelaria de Trump y presiones alcistas sobre las tasas de interés internacionales—, el crecimiento económicodel presente año ha sido mucho mejor que el del anterior.
En 2026, la actividad del sector de la construcción, que durante cinco trimestres consecutivos registró caídas significativas, ha vuelto a ser el motor del crecimiento económico. En junio alcanzó una variación interanual de un 14.9 %, resultado que explica casi el 30 % del aumento del indicador mensual de actividad económica (IMAE).
La evidencia confirma que las medidas microeconómicas estimulan el crecimiento del PIB. En ese contexto, el dinamismo del sector de la construcción, que acumula durante el primer semestre una variación promedio de un 6.7 %, guarda estrecha relación con la mejora de la eficiencia en el otorgamiento de las licencias de construcción. Según las estadísticas del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, en el primer semestre del año se aprobaron 921 licencias, un 80 % más que en el mismo período del año anterior. Asimismo, la inversión total correspondiente a los proyectos aprobados se incrementó en un 157 %, lo que se tradujo en más de 330 mil millones de pesos.
El gasto de capital, aunque continúa en niveles muy bajos, también contribuyó al proceso de recuperación del sector. En términos anualizados, durante el primer semestre de 2026 la inversión pública aumentó 0.3 puntos porcentuales del PIB con respecto al mismo período de 2025 y se situó en el 1.9 % del PIB. La construcción de infraestructuras es un complemento fundamental de la inversión privada, puesto que tiene un efecto multiplicador cercano a dos; es decir, por cada peso de gasto de capital se generan alrededor de dos pesos de valor agregado.
Además de la extraordinaria recuperación del sector de la construcción, los datos del IMAE muestran que otras actividades productivas también alcanzaron durante el primer semestre del año una tasa de crecimiento por encima de la potencial de un 5 %. Entre ellas destacan las siguientes variaciones: minería, 11.3 %; hoteles, bares y restaurantes, 5.8 %; transporte y almacenamiento, 5.1 %; y servicios financieros, 7.5 %.
Cuatro sectores presentan, sin embargo, un amplio margen de mejora. El comercio, principal empleador de la República Dominicana —el 20 % de la población ocupada trabaja en esa actividad—, apenas se expandió un 2.2 %. El valor agregado del sector agropecuario subió un 2.4 %, cifra inferior a su promedio, con el agravante de que la variación relativa interanual de su índice de precios se encuentra en un 7 %. Por su parte, la manufactura de zonas francas creció un 2.6 %, mientras que la manufactura local lo hizo un 3.3 %.
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Ante la compleja coyuntura económica internacional, resulta imprescindible que las autoridades monetarias y fiscales eviten incurrir en errores de política. El reto consiste en preservar la estabilidad macroeconómica mediante la adopción de políticas consistentes con el anclaje de las expectativas de inflación y compatibles con la restricción presupuestaria de las finanzas públicas. Ese marco constituye una condición necesaria para que el sector privado pueda seguir expandiendo su actividad productiva de manera sostenida.
Las autoridades monetarias deben revisar su política cambiaria actual. La apreciación de un 7.6 % del peso frente al dólar, promovida por el Banco Centralen los primeros siete meses del año, ha provocado la pérdida de competitividad de las actividades productivas nacionales y ha incentivado las importaciones. El turismo, las zonas francas, los exportadores tradicionales y las familias que reciben remesas del exterior son los principales perjudicados, pues por cada dólar ingresado perciben una menor cantidad de pesos. En contraste, el gobierno se convierte en el gran beneficiado de la apreciación del peso, ya que se reduce el monto en pesos del servicio de la deuda externa y disminuye la suma requerida para subsidiar los combustibles y la tarifa de electricidad. Todo ello significa que la política cambiaria aplicada durante lo que va de año ha operado como un impuesto a los sectores generadores de divisas, con el consiguiente deterioro de su capacidad de generar empleos.
Los efectos de la excesiva apreciación del peso se agravarán con el nuevo arancel de un 12.5 % impuesto por Estados Unidos a la mayor parte de las exportaciones de bienes dominicanos. Ante tales condiciones adversas, es indispensable que las autoridades monetarias evalúen con objetividad y rigor las consecuencias negativas de mantener un tipo de cambio sobrevaluado que presenta características propias de una burbuja financiera. Mientras el dólar se cotiza en torno a los 58 pesos, los modelos econométricos arrojan que el tipo de cambio debió situarse en junio alrededor de los 66 pesos por dólar. En consecuencia, conviene recordar al Banco Central que es preferible desinflar una burbuja antes que estalle, en especial, cuando se navega contra viento y marea.
