Como si la historia no ofreciera suficientes advertencias, el Partido Revolucionario Moderno parece empeñado en recorrer el mismo camino que juró abandonar. Filtraciones de audios, reproches públicos y desafíos en el hemiciclo —ese espacio reservado para legislar, no para ventilar desahogos partidarios— configuran una escena conocida. Demasiado conocida.
El Congreso, teóricamente un poder independiente, fue utilizado para cuestionar decisiones del Ejecutivo, como si la separación de poderes fuera un eslogan opcional y no un principio constitucional. El resultado es un ruido político innecesario que erosiona autoridad, coherencia y gobernabilidad.
El PRM llegó al poder con un mandato claro: cambio. Cambio de formas, de fondo y de cultura política. Sin embargo, lo que aflora es un déjà vu institucional: prácticas del viejo PRD reaparecen con nuevos rostros, pero con idénticos vicios. La disciplina se diluye, el mensaje se fragmenta y la gestión queda rehén de egos y micrófonos abiertos.
La nueva generación de votantes —esa que decide elecciones sin nostalgia partidaria— no se moviliza por lealtades históricas. Busca coherencia, resultados y liderazgo. No aplaude peleas internas ni entiende por qué los errores se gestionan en público y la responsabilidad se privatiza.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué está pagando el presidente Abinader con este partido? Gobernar con una organización que confunde democracia interna con indisciplina pública tiene costos. Y esos costos, tarde o temprano, los paga el poder… y el proyecto que prometía ser distinto.
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