Santo Domingo.– La Procuraduría General de la República recibió este sábado un expediente que recoge graves irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), con el objetivo de que el Ministerio Público realice las investigaciones y acciones correspondientes.
La entrega del documento ocurre tras la difusión de un reportaje de N Investiga, el cual reveló presuntas anomalías en contratos millonarios otorgados por Senasa a compañías privadas. Según el informe, estas contrataciones estarían vinculadas a un proceso de privatización de la atención primaria en el régimen subsidiado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la salud.
El expediente fue presentado formalmente por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de Senasa, Edward Guzmán, quienes actuaron en cumplimiento de las instrucciones emitidas por el presidente Luis Abinader. La decisión se enmarca en los esfuerzos del Poder Ejecutivo por garantizar un manejo responsable de los fondos estatales en el sistema de salud.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recibió la documentación y aseguró que el contenido será tramitado conforme a los procedimientos legales establecidos. La funcionaria reiteró que el Ministerio Público dará seguimiento estricto a las denuncias, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y determinar si existen sanciones administrativas o penales derivadas de las irregularidades detectadas.
Desde el Palacio Nacional, el vocero de la Presidencia, Félix Reyna, manifestó que esta acción reafirma el compromiso indeclinable del Gobierno con la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción, sin excepciones ni privilegios. “El Gobierno es claro en su posición: no tolerará prácticas irregulares ni el uso indebido de los fondos públicos, sin importar de qué institución o funcionario se trate”, subrayó Reyna.
Asimismo, aseguró que la entrega del informe a la Procuraduría no tendrá impacto en la prestación de los servicios médicos que ofrece Senasa. Según explicó, las atenciones continuarán garantizándose de forma oportuna, humana y eficiente, manteniendo la cobertura a los millones de dominicanos que dependen del seguro de salud estatal.
Este expediente marca un paso relevante en la vigilancia del sector salud, un área que maneja importantes recursos del presupuesto nacional. Analistas consideran que la intervención del Ministerio Público busca enviar una señal clara de control institucional, en un contexto donde el gasto público en salud ha sido objeto de crecientes demandas ciudadanas de mayor eficiencia y transparencia.
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El caso cobra especial relevancia porque el régimen subsidiado de salud beneficia a los sectores más vulnerables de la población, y cualquier anomalía en su administración podría afectar directamente la calidad y continuidad de los servicios. En ese sentido, la investigación a cargo de la Procuraduría podría determinar no solo responsabilidades legales, sino también posibles ajustes en la gestión interna del Senasa y en la supervisión que ejerce Sisalril sobre la institución.
Con esta acción, se espera que el proceso judicial arroje resultados concretos que contribuyan a fortalecer la confianza pública en el sistema de salud, un sector estratégico para la estabilidad social y económica del país. La sociedad civil y distintos sectores profesionales estarán atentos a la evolución del caso, a la espera de que la investigación se conduzca con celeridad, independencia y apego a la ley.
