El Comité Institucional Codiano (CIC) envió comunicaciones formales a diez instituciones públicas para exigir información sobre el pago de deudas del Estado a contratistas, en el marco de la Ley núm. 16-26, luego de que varias entidades deudoras llevan más de tres meses sin remitir la documentación requerida.
El retraso afecta directamente a contratistas que mantienen 92 expedientes de cobro distribuidos entre distintas instituciones, algunos de los cuales acumulan más de seis años sin resolución. La demora en la entrega de documentos bloquea la verificación, evaluación y validación de las acreencias por parte de la Comisión Ejecutora creada para administrar el pago de estas obligaciones.
Las instituciones involucradas
Según explicó el ingeniero Miguel Liberato, vocero del CIC, los expedientes están repartidos entre los ministerios de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de Educación (MINERD), así como el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), entre otras entidades.
Las comunicaciones buscan determinar tres puntos concretos: qué actuaciones administrativas ha realizado cada entidad, cuántos expedientes han preparado y remitido a la Comisión Ejecutora, y qué obstáculos han impedido completar la documentación requerida.
Liberato señaló que, pese a haber recibido el protocolo operativo hace más de tres meses, las instituciones todavía no han entregado toda la información necesaria para avanzar en el proceso de pago.
Plazos legales y posibles acciones
Las solicitudes del CIC se amparan en la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública. De acuerdo con Liberato, el artículo 8 de esa norma establece un plazo ordinario de 15 días hábiles para responder, con una posible prórroga excepcional de otros 10 días hábiles, debidamente justificada y notificada.
El dirigente advirtió que, si las instituciones no responden dentro de esos plazos, el comité evaluará acciones administrativas y judiciales, y no descarta la realización de piquetes pacíficos frente a las entidades que incumplan sus obligaciones.
El CIC reconoció la labor de la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26, pero insistió en que el avance del proceso depende de que las instituciones deudoras entreguen oportunamente los documentos necesarios. El próximo paso será el seguimiento individualizado de cada una de las diez comunicaciones enviadas, lo que determinará si el conflicto entre los contratistas y el Estado escala hacia instancias legales.
