Este lunes, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, ejecutó 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Santiago. La operación movilizó un equipo de 26 fiscales y 189 agentes policiales, con el objetivo de desarticular una estructura delictiva que, según las autoridades, compraba influencia para asegurar contratos públicos en servicios de seguridad.
Las instituciones afectadas por esta red incluyen:
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Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)
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Seguro Nacional de Salud (Senasa)
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EdeNorte
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EdeEste
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EdeSur
Las pesquisas iniciaron tras una denuncia formal presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), dirigida por la doctora Milagros Ortiz Bosch. La investigación está siendo liderada por la procuradora Yeni Berenice Reynoso, quien ha asegurado que el proceso avanza con una visión integral y contundente para erradicar la corrupción en todos sus niveles.
Hasta el momento, el Ministerio Público ha confirmado la detención de 14 personas presuntamente vinculadas a esta red. Se espera que en las próximas horas se depositen las medidas de coerción correspondientes ante el tribunal competente.
“El país necesita confiar en sus instituciones, y eso solo es posible si actuamos con determinación contra quienes las corrompen”, reza el comunicado oficial emitido este lunes.
Perspectiva
La Operación Lobo representa un nuevo capítulo en la ofensiva institucional contra la corrupción. ¿Será este el principio de una política más firme de consecuencias para quienes desvían fondos y contratos públicos? La sociedad observa con atención.
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