Santo Domingo, RD. – El Seguro Nacional de Salud (SENASA) enfrenta un nuevo escándalo tras revelarse contratos irregulares y pagos millonarios sin control, que involucran a empresas no habilitadas y vínculos familiares con antiguos directivos de la institución. La Procuraduría General de la República ha iniciado investigaciones para determinar responsabilidades administrativas y penales.
De acuerdo con la periodista Nuria Piera, documentos obtenidos, SENASA firmó acuerdos con el grupo Seul Rot SRL, relacionado con Rafael Martínez Hazim, familiar de un exdirector de la entidad. Aunque la institución se negó a entregar información completa, un adendum contractual reveló modificaciones no justificadas en los términos originales, generando preocupación por la gestión de fondos públicos.
Telemedicina sin licencias ni controles
Uno de los contratos más cuestionados corresponde a la prestación de servicios de telemedicina, en el cual no se detallan los equipos ni los costos asociados. Además, la empresa no cuenta con habilitación del Ministerio de Salud Pública, lo que viola las normas legales vigentes y pone en duda la efectividad y legalidad del servicio.
Expertos en contratación pública advierten que este tipo de contratos directos, sin licitación, son un reflejo de la falta de regulación y supervisión que persiste en el sector salud.
Contratos millonarios sin justificación
Otro de los contratos bajo revisión asignó RD$83 millones para el suministro de suplementos nutricionales y proteínas destinadas a beneficiarios del seguro estatal. Sin embargo, no existen garantías de entrega ni evidencia de continuidad del programa, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles desvíos o uso ineficiente de los fondos.
Analistas señalan que SENASA tiene la obligación de realizar auditorías periódicas, pero los informes indican pagos efectuados sin verificación, un patrón que sugiere falta de control interno y debilidad en la rendición de cuentas.
Empresas sin habilitación y ausencia de supervisión
El caso presentado por la periodista también pone en relieve la contratación de empresas no reconocidas para ofrecer servicios farmacéuticos y médicos, sin cumplir los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias. Esta situación representa un grave riesgo para la calidad del servicio público de salud y una violación de la confianza ciudadana.
La falta de control administrativo y técnico ha permitido la ejecución de pagos sin supervisión efectiva, comprometiendo la transparencia y el uso adecuado de los recursos del Estado.
Investigaciones en curso y exigencia de transparencia
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investiga los contratos y sus adendas, mientras organizaciones civiles y expertos en transparencia exigen una auditoría integral.
El caso reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno, garantizar la publicidad de los contratos públicos y establecer sanciones efectivas contra la corrupción en el sistema de salud.
La pregunta central sigue vigente: ¿los fondos de SENASA realmente benefician a los ciudadanos o están enriqueciendo a unos pocos bajo la sombra de la impunidad?
