El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, afirmó que la mora judicial en la República Dominicana se ha reducido a su mínima expresión, al asegurar que el 90 % de los casos se resuelve en un promedio de 12 meses o menos, lo que representa un cambio estructural en la administración de justicia del país.
Durante su discurso con motivo del Día del Poder Judicial, Molina detalló que los casos civiles y comerciales se resuelven en un máximo de un año en promedio; los procesos inmobiliarios, contencioso-administrativos, tributarios y laborales tardan alrededor de seis meses; mientras que el 80 % de los casos penales se decide en tres meses. En el ámbito internacional, los procesos de extradición se resuelven en un plazo de 24 horas.
“El primer objetivo fue erradicar la mora, una obligación cívica impostergable”, sostuvo Molina, al subrayar que detrás de cada expediente existen personas en incertidumbre, inversiones paralizadas, víctimas sin respuestas o inocentes privados de libertad. Añadió que el sistema judicial ha logrado eliminar más de 40 años de mora judicial estructural, instaurando una disciplina institucional orientada al cumplimiento estricto de los plazos.
El presidente de la SCJ explicó que este rigor ha permeado todo el sistema. Actualmente, el 87 % de las salas a nivel nacional está al día, con información judicial actualizada en línea, lo que fortalece la transparencia y previsibilidad del servicio judicial.
Desafíos persistentes
Pese a los avances, Molina reconoció que persisten desafíos relevantes, particularmente en los departamentos con mayor carga procesal y en materias como la inmobiliaria. Precisó que Santo Domingo es el único de los 11 departamentos judiciales que no alcanza el 80 % de tribunales al día, por lo que constituye la prioridad inmediata de trabajo.
Asimismo, destacó que los asuntos administrativos se redujeron del 49 % al 36 % del total de casos, permitiendo a los jueces concentrarse en su función constitucional de resolver conflictos entre las personas.
Molina atribuyó parte de estos resultados a reformas legales clave, agradeciendo el respaldo del Congreso Nacionalmediante la aprobación de tres leyes fundamentales: la que regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial, la Ley sobre Recurso de Casación y la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil. También resaltó la implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias y otras iniciativas del Poder Ejecutivo orientadas a la simplificación de trámites.
Sistema penal y cultura de acuerdos
En materia penal, informó que trabajan de manera coordinada con el Ministerio Público y la Defensa Pública para promover una cultura de acuerdos y soluciones tempranas no adversariales. Como resultado, en la provincia Hermanas Mirabal se pasó de un 13 % a un 75 % de casos resueltos por acuerdo en el último trimestre del año pasado.
Molina concluyó señalando que las recientes reformas a la justicia penal representan un reto significativo, pero también una oportunidad para eficientizar y humanizar el sistema, especialmente en el cumplimiento de plazos procesales que aún afectan a víctimas y personas privadas de libertad.
