Un operativo de las autoridades dominicanas desmanteló una estructura de licor clandestino en Yaguate, municipio de la provincia San Cristóbal, con la incautación de más de 25,000 mercancías ilícitas valoradas en aproximadamente RD$5.9 millones, entre ellas 4,780 botellas de licor premium listas para distribución y otras 1,363 botellas de 700 mililitros pendientes de envasar.
El golpe afecta una operación que cubría toda la cadena del fraude: fabricación, adulteración, etiquetado, envasado y distribución ilegal de bebidas alcohólicas. Para la industria formal, ese circuito representa pérdidas por ventas desplazadas y evasión fiscal, a la vez que expone a los consumidores a riesgos de salud graves derivados del alcohol adulterado.
La reacción del gremio
La Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON) calificó la actuación como «un importante avance» y elogió la coordinación entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Ministerio Público, dentro de la Mesa de Lucha contra el Comercio Ilícito de Bebidas Alcohólicas.
«Este operativo demuestra que la coordinación público-privada y el fortalecimiento de las labores de inteligencia pueden producir resultados concretos en la lucha contra un ilícito que no solo perjudica a las empresas que operan formalmente y al fisco, sino que representa una seria amenaza para la salud y la vida de los consumidores», dijo Circe Almánzar, vocera y representante de ADOPRON.
Más allá del decomiso: la trazabilidad del alcohol etílico
El gremio advirtió que los decomisos y el desmantelamiento de instalaciones son solo una primera etapa. ADOPRON exigió una investigación exhaustiva que identifique a todas las personas físicas y jurídicas involucradas en la fabricación, el financiamiento, el suministro de insumos, la falsificación, el almacenamiento y la distribución de las bebidas incautadas.
Un punto central de esa demanda es rastrear el origen del alcohol etílico —la materia prima clave en estas operaciones— y establecer quién lo produjo, quién lo importó, a nombre de quién fue adquirido y por qué canales llegó a abastecer una red ilegal. «Cuando en una instalación clandestina aparecen cantidades importantes de alcohol etílico, no podemos limitarnos a determinar quién estaba fabricando o envasando las bebidas», señaló Almánzar.
«Es necesario establecer de dónde provino ese alcohol, quién lo produjo o importó, quién lo comercializó, a nombre de quién fue adquirido y a través de qué canales terminó abasteciendo una operación ilegal», puntualizó la representante gremial.
ADOPRON pidió, además, que los procesos judiciales derivados concluyan con sentencias condenatorias que tengan «un verdadero efecto ejemplarizante y disuasorio». El gremio anunció que continuará colaborando con la Mesa de Ilícitos aportando información técnica. La efectividad de ese esquema de seguimiento judicial —y si la cadena de suministro del alcohol etílico lleva a actores del sector formal— será la variable que definirá si este operativo marca un precedente real o queda en un decomiso aislado.
