Santo Domingo.- Rep. Dom.- Esta semana, el escenario político dominicano vivió un episodio poco común: figuras influyentes del entorno más cercano del presidente Luis Abinader publicaron una carta expresando su inconformidad con la aprobación del nuevo Código Penal, específicamente por la exclusión de las tres causales del aborto.
La reacción en la Cámara de Diputados no se hizo esperar. El presidente de ese órgano, Alfredo Pacheco, veterano legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó públicamente su descontento por como se manejaron las cosas, considerándola una forma inapropiada de presionar al Congreso. Según Pacheco, todos los legisladores contribuyeron a llevar a Abinader a la presidencia, por lo que las críticas deberían haberse canalizado de otro modo.
El conflicto entre el liderazgo legislativo y el entorno presidencial deja en vilo a la ciudadanía, que ahora se pregunta: ¿promulgará Abinader el nuevo Código Penal tal como está, o lo devolverá al Congreso en busca de modificaciones?
Mientras tanto, la sociedad se divide. Una parte importante de la población aboga por la pronta aprobación del nuevo código, dado que el actual, vigente desde hace más de 140 años, ha permitido fallos judiciales cuestionables, como el ocurrido en la tragedia del Jet Set, donde más de 200 vidas se valoraron con penas mínimas y disculpas públicas de manera, a la espera del fallo final, que no se vislumbra con penas más severas mediante el código actual.
Sin embargo, también crece la presión para que las tres causales sean discutidas en una legislatura aparte. Muchos sectores consideran urgente encontrar una solución legal al dilema que enfrentan mujeres, niñas y familias cuando deben tomar decisiones en situaciones extremas, como violación, malformaciones incompatibles con la vida o peligro para la madre.
El presidente Abinader, conocido por su vocación reformista, tiene en sus manos una decisión crítica: satisfacer a su base legislativa o escuchar el llamado de su entorno íntimo y de sectores sociales que reclaman una legislación más inclusiva. En cualquier escenario, el país observa con atención.
