Santo Domingo. – Un nuevo testimonio clave sacude el caso de la tragedia del Jet Set, donde el colapso estructural ocurrido el 8 de abril cobró la vida de 236 personas y dejó a más de 150 heridas. En un interrogatorio realizado este martes, el empleado Gregory Adames reveló que había advertido previamente al propietario del centro nocturno, Antonio Espaillat, sobre los riesgos inminentes del techo del establecimiento.
La declaración fue ofrecida ante fiscales del Ministerio Público, encabezados por Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución, quienes investigan las causas del desplome ocurrido durante una fiesta multitudinaria en la discoteca.
Adames mostró conversaciones documentadas con el propietario, donde expuso de forma clara y reiterada la mala condición en que se encontraba la infraestructura del techo. Según su testimonio, estas advertencias no fueron atendidas oportunamente, lo que, a su juicio, contribuyó a las consecuencias fatales del colapso.
Además de los mensajes, Adames entregó videos grabados antes del accidente, en los que se evidencian fisuras, filtraciones y deterioro de la estructura. Estos materiales refuerzan la hipótesis de negligencia empresarial, uno de los ejes centrales de la acusación contra los dueños del local.
El empleado figura entre los 68 querellantes y denunciantes en los procesos legales abiertos contra Antonio Espaillat y otros socios del Jet Set, quienes enfrentan acusaciones por homicidio involuntario y negligencia grave. Las denuncias hacen referencia a posibles fallas estructurales, sobrecarga por equipos en la azotea y la falta de acciones preventivas, pese a múltiples advertencias..
A dos meses del hecho, la sociedad dominicana continúa clamando por justicia. El desplome no solo causó víctimas fatales, sino también un impacto humano devastador: 174 niños quedaron huérfanos, ahora bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), lo que ha generado una ola de solidaridad, indignación y exigencias de responsabilidad institucional.
La magnitud del caso ha motivado la presentación de cerca de 70 acciones legales contra los responsables del establecimiento, y se espera que en las próximas semanas se inicien procesos judiciales formales.
Organismos de ingeniería y asociaciones profesionales han señalado la necesidad de revisar y actualizar las normativas sobre seguridad estructural en establecimientos públicos, especialmente en aquellos con gran afluencia de personas, como discotecas, estadios y centros comerciales.
El caso Jet Set se ha convertido en un símbolo de las consecuencias de la falta de supervisión y permisividad institucional. Mientras avanza el proceso legal, la población y las familias afectadas mantienen la esperanza de que se impongan sanciones proporcionales al daño causado.
