SANTO DOMINGO.- A mediados de febrero, las autoridades dominicanas y los operadores del comercio exterior se encontraron, de un día para otro, sin un interlocutor clave en la lucha contra el narcotráfico: la oficina de la DEA en Santo Domingo quedó cerrada, visas bajo la lupa y dudas sobre el flujo de información con Washington. Un mes después, esa puerta vuelve a abrirse, pero con un mensaje explícito: tolerancia cero a la corrupción, incluso dentro de las propias agencias estadounidenses.
La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo anunció la reapertura de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el país, bajo un nuevo liderazgo y con auditorías internas en marcha, en un movimiento que busca restablecer la confianza bilateral y blindar los canales de cooperación contra el narcotráfico y el llamado “narcoterrorismo”.
Un cierre sin precedentes y un giro de Washington
El retorno operativo de la DEA llega apenas un mes después de su cierre temporal en Santo Domingo, decidido en medio de una investigación interna por presunta corrupción en el manejo de visados y contactos sensibles.
En un comunicado, la embajadora estadounidense Leah F. Campos enmarcó la reapertura como un punto de inflexión: la oficina, dijo, funcionará “bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo en nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción”. La decisión plantea un doble mensaje: por un lado, Washington reafirma que seguirá apoyando a la República Dominicana en la interdicción de drogas; por otro, intenta demostrar que está dispuesto a depurar sus propios procesos cuando se cuestiona su integridad.
“Este cierre temporal envió un mensaje claro: la corrupción, o incluso su percepción, no tiene cabida en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro gobierno”, sostuvo Campos. El episodio, inusual en la operación regular de una agencia como la DEA en un país aliado, elevó las alarmas entre actores del sistema financiero, operadores logísticos y autoridades dominicanas que dependen de información de inteligencia y cooperación judicial para contener el flujo de cocaína y otras sustancias que usan al Caribe como corredor hacia Norteamérica y Europa.
Poco después de comunicarse el cierre, se conoció el arresto en Estados Unidos de Meliton Cordero, supervisor de la DEA en República Dominicana, acusado de soborno y fraude de visados. Aunque la embajadora evitó mencionar su nombre en el anuncio de reapertura, vinculó directamente el actual proceso de depuración con revisiones internas: “Mientras la investigación continúa y la justicia sigue su curso, los programas de visas y otros procesos internos están siendo auditados para asegurar que salgamos de este proceso más fuertes y resilientes”.
Cooperación antidrogas en un corredor estratégico
El restablecimiento pleno de la oficina de la DEA se produce mientras el Gobierno dominicano exhibe cifras de decomisos que la propia administración estadounidense ha calificado como “sin precedentes”. Según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en 2025 se incautaron 48 toneladas de drogas en operaciones contra el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos. En lo que va de 2026, las autoridades han destruido al menos 6,000 kilogramos adicionales.
Para el mercado dominicano, este pulso antidrogas no es solo una estadística de seguridad: tiene impacto directo sobre el riesgo país percibido por inversores, la reputación de los puertos y aeropuertos, y la confianza de navieras, aerolíneas y aseguradoras que operan en rutas con origen o escala en la isla. A la vez, Estados Unidos mantiene desde agosto de 2025 una operación de interdicción contra lanchas rápidas que salen de Suramérica, presuntamente cargadas de droga con destino final a su territorio, reforzando la presión sobre las rutas que atraviesan el Caribe.
En este contexto, la embajadora Campos subrayó que Washington “está plenamente comprometido con la colaboración que mantenemos con la República Dominicana en la continua e importante lucha contra los narcotraficantes” y reiteró su determinación de “erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan el futuro de nuestros hijos”. La reapertura de la oficina de la DEA pretende normalizar el flujo de información y las operaciones conjuntas tras un mes de incertidumbre institucional.
Para las autoridades dominicanas, que han hecho de la narrativa de “mano dura” contra el crimen organizado un eje político y de política pública, el respaldo explícito de la DEA y la Embajada resulta clave, especialmente mientras se afinan mecanismos de trazabilidad de carga, cumplimiento antilavado y vigilancia en puertos como Caucedo, Haina y Manzanillo, así como en aeropuertos con fuerte tráfico turístico y de carga.
Auditorías, reputación y la batalla por la confianza
Más allá del caso puntual de un supervisor detenido y una oficina clausurada y reabierta, el mensaje de Washington apunta a la arquitectura de confianza que sostiene la relación bilateral. Campos afirmó que la prioridad ahora es “restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos” y advirtió que no permitirá “que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen la misión y el trabajo vital de los hombres y mujeres que sirven en la DEA”.
Las auditorías en programas de visas y otros procesos internos, anunciadas por la Embajada, tienen implicaciones directas para el flujo de viajeros de negocios, la movilidad de ejecutivos y técnicos, y para la percepción sobre los canales formales de acceso al mercado estadounidense. Cualquier mancha de corrupción asociada al sistema de visados aumenta el escrutinio sobre solicitantes y patrocinadores, lo que puede traducirse en demoras adicionales y exigencias documentales más severas.
En paralelo, el sector privado dominicano enfrenta la necesidad de reforzar sus propios esquemas de cumplimiento. Bancos, firmas de servicios corporativos, operadores logísticos y exportadores están cada vez más expuestos a revisiones de debida diligencia desde el extranjero, tanto por parte de contrapartes comerciales como de reguladores. Un incidente de alto perfil en una oficina de la DEA, y la respuesta correctiva inmediata, elevan el estándar: si Estados Unidos se exige más controles internos, se espera lo mismo de sus socios.
Para la República Dominicana, mantener la etiqueta de socio confiable en la lucha contra el narcotráfico y el lavado es un activo económico. Preserva el acceso a corresponsalías bancarias, reduce riesgos de sanciones y facilita la atracción de inversión extranjera en sectores como turismo, logística, zonas francas e infraestructura, donde la trazabilidad del capital y de la carga es vigilada de cerca por los mercados.
