El debate sobre la inmigración de haitianos en República Dominicana ha escalado en los últimos años, y recientemente, el dirigente político Abel Martínez ha vuelto a encender las alarmas al subrayar los efectos que esta situación tiene en la seguridad ciudadana, el sistema educativo, la soberanía nacional, y los servicios públicos. En un llamado a las autoridades, Martínez ha enfatizado la necesidad de una acción firme para enfrentar la inmigración irregular, argumentando que el impacto de los inmigrantes indocumentados es profundo y amenaza con desbordar los recursos del Estado.
Presión sobre los servicios públicos
Martínez expuso datos preocupantes, señalando que más del 37% de los partos en las maternidades públicas del país son realizados a mujeres haitianas en situación migratoria irregular, lo que agrava la situación de un sistema de salud ya sobrecargado. Según sus cifras, 25 mil millones de pesos del presupuesto anual del Estado son destinados a cubrir gastos de salud para inmigrantes haitianos, una carga que, en su opinión, es insostenible. Este gasto representa un desafío para el presupuesto público, poniendo en riesgo la capacidad del sistema de salud de atender adecuadamente a la población dominicana.
El impacto no solo se limita al ámbito de la salud. Martínez destacó que la ocupación de plazas escolares por niños haitianos en situación irregular ha excluido a miles de niños dominicanos del sistema educativo. Esto ha generado una fuerte reacción por parte de los padres, quienes denuncian esta realidad ante las autoridades, aunque estas suelen negar su existencia. La presencia de inmigrantes en las escuelas públicas acentúa las desigualdades sociales y limita las oportunidades de desarrollo para los más vulnerables, lo que, según Martínez, contribuye a la exclusión social de la población dominicana.
Amenazas a la seguridad y la soberanía
Más allá de los servicios públicos, Martínez advirtió sobre el riesgo que la inmigración irregular supone para la seguridad ciudadana y la soberanía nacional. En las zonas rurales y en las periferias de las ciudades, se ha visto un aumento de los asentamientos irregulares en áreas como las orillas de ríos y cañadas, lo que no solo genera una presión adicional sobre los servicios básicos, sino que también representa un riesgo ambiental para las comunidades. Estos asentamientos, en su mayoría compuestos por inmigrantes haitianos, están contribuyendo al deterioro del orden público y al aumento de las tensiones sociales en las regiones más afectadas.
Martínez fue enfático al señalar que la permanencia de millones de inmigrantes ilegales podría desestabilizar el tejido social y económico del país, subrayando la urgencia de implementar deportaciones masivas como una medida clave para frenar esta situación. Según su postura, estas deportaciones deben realizarse en apego a la ley, pero con la firmeza y celeridad necesarias para garantizar la estabilidad del país.
Un debate que no tiene soluciones fáciles
La postura de Abel Martínez plantea una perspectiva conservadora en el manejo de la inmigración, que choca con posiciones más abiertas o moderadas. El reto para República Dominicana no es sencillo: equilibrar la soberanía nacional, los derechos humanos y las realidades económicas es un ejercicio complejo. Mientras tanto, el país sigue enfrentando la presión migratoria en múltiples frentes.
Este tipo de discursos abren interrogantes sobre las políticas públicas y las soluciones a largo plazo para un problema que va más allá de lo inmediato. ¿Será suficiente el control migratorio y las deportaciones masivas para aliviar la carga sobre los recursos del Estado? ¿O se requieren enfoques más amplios que incluyan la cooperación regional y el fortalecimiento de las infraestructuras de servicios básicos?
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