La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) salió en defensa de las cadenas de supermercados y establecimientos formales ante señalamientos públicos que los vinculan con esquemas de comercio ilícito y desvío de mercancías en tránsito hacia Haití, sin que, según el gremio, exista trazabilidad que respalde esa relación.
El posicionamiento llega en un contexto donde autoridades aduaneras han intensificado la vigilancia sobre el régimen de tránsito internacional, un mecanismo que permite que mercancías crucen el territorio dominicano con destino a terceros países —en este caso Haití— sin pagar aranceles locales. La ausencia de un sistema robusto de trazabilidad hace difícil determinar si esos productos terminan circulando en el mercado interno dominicano en lugar de llegar a su destino declarado.
Sin evidencia, sin atribución
ONEC reconoció que en declaraciones recientes en un programa radial se admitió expresamente que no existe evidencia que permita establecer que los productos que ingresan bajo el régimen de tránsito hacia Haití sean los mismos encontrados posteriormente en supermercados dominicanos, precisamente por carecer de dicha trazabilidad. Para el gremio, esa precisión es determinante: cualquier atribución de responsabilidad debe partir de hechos comprobables.
El argumento central de la organización es que la presencia de un producto en un establecimiento comercial no permite, por sí sola, determinar quién lo importó, bajo qué régimen ingresó al país, quién lo distribuyó ni si se produjo alguna irregularidad durante ese proceso. La cadena de custodia, en otras palabras, tiene múltiples eslabones antes de llegar al anaquel de un supermercado.
Llamado a canalizar la evidencia por las vías formales
ONEC reclamó que cualquier estudio, información o evidencia sobre posibles irregularidades sea puesto a disposición de la Dirección General de Aduanas y demás autoridades competentes, para su verificación formal y el establecimiento de las responsabilidades que correspondan. El gremio fue explícito en que respalda la sanción de toda práctica irregular comprobada, con independencia de quién resulte responsable.
Al mismo tiempo, la organización advirtió que las asociaciones o generalizaciones sin sustento verificable dañan la reputación de empresas formales que operan dentro del marco legal. En un entorno donde la evasión fiscal y el contrabando generan distorsiones competitivas significativas —los comercios formales asumen costos tributarios que los operadores ilícitos evaden—, ese daño reputacional tiene consecuencias económicas concretas para negocios que sí cumplen con sus obligaciones.
La ONEC cerró su pronunciamiento señalando que el combate efectivo al comercio ilícito requiere investigación rigurosa, trazabilidad, transparencia y aplicación de la ley. El próximo paso estará en la respuesta de la Dirección General de Aduanas: si el organismo cuenta con información concreta sobre desvíos de mercancías, la apertura de investigaciones formales determinará si los señalamientos tienen fundamento y quiénes son los responsables reales de la cadena.
