El Ministerio Público no descarta nuevas judicializaciones en el caso Senasa y mantiene abiertas varias líneas de investigación mientras analiza 16,800 cajas de documentos ocupadas durante un allanamiento, según declaraciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el procurador adjunto Wilson Camacho.
El expediente involucra miles de transacciones y millones de documentos, lo que implica que los equipos del Ministerio Público trabajan de forma permanente en su revisión. La magnitud del proceso tiene consecuencias directas para el sistema de salud subsidiado del país: Senasa (Seguro Nacional de Salud) administra los fondos destinados a la atención médica de más de tres millones de dominicanos de bajos ingresos.
Tres estructuras y posibles nuevas fases
Camacho precisó que, conforme a las evidencias recabadas, tres estructuras afectaron a Senasa y que partes del proceso ya han sido judicializadas. El funcionario advirtió que el Ministerio Público trabaja otras líneas que podrían derivar en lo que popularmente se ha denominado «Senasa 2.0» e incluso «Senasa 3.0», lo que anticiparía nuevas imputaciones en el corto o mediano plazo.
La procuradora Reynoso aclaró que la cantidad de documentos ocupados —16,800 cajas— no guarda una relación automática con el número de imputados, descartando así una lectura mecánica del volumen de evidencias. Rehusó adelantar fechas para nuevas operaciones, argumentando que divulgarlas alertaría a las personas investigadas.
Investigaciones «blindadas» y plazos legales
Reynoso defendió la solidez de los grandes expedientes del Ministerio Público, a los que calificó de investigaciones «blindadas» por estar sustentadas en pruebas. Subrayó, no obstante, que ninguna investigación puede extenderse más allá del plazo legal o de las prórrogas autorizadas por la ley.
Camacho atribuyó la complejidad del caso Senasa al volumen de operaciones, la extensión de la documentación y las diligencias técnicas necesarias para establecer responsabilidades individuales en cada estructura investigada.
El ritmo al que el Ministerio Público complete el análisis de los millones de documentos restantes determinará si —y cuándo— se materializan las nuevas judicializaciones que los funcionarios no descartan públicamente.
