Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader firmó el decreto 517-25, que declara de “emergencia nacional” todas las compras y contrataciones del sector eléctrico dominicano durante un período de un año. La medida responde a la crisis energética que ha generado apagones prolongados en diversas zonas del país en las últimas semanas.
El decreto autoriza a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), a la Central Termoeléctrica Punta Catalinay a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana a ejecutar adquisiciones rápidas de equipos y servicios. El objetivo es incrementar la capacidad de generación, reducir la inestabilidad y fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Crisis energética y récords de demanda
El anuncio ocurre en un contexto crítico: la demanda eléctrica nacional superó los 4,000 megavatios en 2025, un récord histórico frente a los 2,730 MW registrados en 2020, según el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.
El fuerte incremento, atribuido a las altas temperaturas y al crecimiento económico, ha provocado apagones de hasta 12 horas diarias en sectores de la capital y del interior, desencadenando protestas ciudadanas con quema de neumáticos, cierres de avenidas y cacerolazos en Santo Domingo Norte, Este y Oeste.
Medidas contempladas en el plan
El decreto de emergencia incluye:
Instalación de unidades térmicas de rápida respuesta.
Desarrollo de sistemas de almacenamiento energético mediante bancos de baterías.
Compra de equipos, repuestos y materiales para mejorar distribución, transformación y medición.
El Consejo Unificado de las EDE (CUED) aclaró que la medida no busca evadir la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, sino agilizar procesos con transparencia. Todas las adquisiciones se harán a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Persisten los desafíos estructurales
A pesar de los esfuerzos financieros, los problemas de fondo continúan. Entre enero y agosto de 2025, el Gobierno destinó más de 62,000 millones de pesos en subsidios eléctricos, pero las pérdidas de energía subieron de 36.9 % en 2024 a 37.6 % en 2025, según datos de Participación Ciudadana.
La misma organización estima que existen 650,000 conexiones ilegales al SENI, lo que equivale al 25 % de los clientes formales.
Supervisión y plazos
El Gabinete Eléctrico, encabezado por el ministro Joel Santos, supervisará la aplicación del decreto y deberá rendir informes periódicos al Poder Ejecutivo, la Contraloría General y la Cámara de Cuentas.
La declaratoria tendrá vigencia de un año, aunque podrá prorrogarse mediante nuevo decreto presidencial si las condiciones que la motivan se mantienen.
Perspectiva
La medida busca dar una respuesta inmediata a la crisis de apagones, pero también evidencia los retos estructurales del sector eléctrico dominicano, donde la alta demanda, las pérdidas técnicas y las conexiones ilegales siguen limitando la sostenibilidad del sistema.
