San Salvador – El Congreso de El Salvador ha aprobado una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, eliminando las restricciones anteriores que prohibían la reelección inmediata del presidente. La reforma, impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas y aprobada con 57 de 60 votos en la Asamblea Legislativa, también amplía el periodo presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral, permitiendo que la presidencia se decida por mayoría simple
Con esta reforma, Bukele y cualquier futuro presidente podrán postularse sin límite de mandatos consecutivos, siempre que obtengan el respaldo electoral. Además, la nueva disposición establece que la presidencia se definirá por mayoría simple en una única vuelta electoral, modificando el esquema anterior que requería segunda vuelta si ningún candidato superaba el 50% de los votos.
Otro cambio relevante es la reconfiguración del calendario electoral: las elecciones generales se adelantan al 2027, para hacerlas coincidir con las elecciones legislativas y municipales. Esto implica que el actual mandato presidencial se acortará, abriendo paso a un nuevo ciclo político en tres años.
La diputada oficialista Ana Figueroa justificó la iniciativa argumentando que «la reelección ya existe en alcaldes y diputados, y ahora se amplía para el presidente como un acto de soberanía popular». Según Figueroa, el propósito es “darle el poder total al pueblo salvadoreño para decidir sin limitaciones”.
Sin embargo, el rechazo ha sido inmediato desde sectores opositores y la comunidad internacional. Partidos como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y ARENA calificaron la reforma como “autoritaria” e “inconstitucional”, acusando al oficialismo de concentrar el poder y debilitar la democracia.
Aunque la reforma aún requiere una segunda aprobación en la próxima legislatura para su entrada en vigor —como dicta el procedimiento constitucional salvadoreño—, la hegemonía de Nuevas Ideas en el Congreso hace casi inevitable su ratificación.
Este cambio constitucional representa una de las transformaciones políticas más significativas desde el fin de la guerra civil en El Salvador, y consolida un nuevo esquema de poder que fortalece la figura presidencial por encima de los contrapesos tradicionales.
