Santo Domingo, República Dominicana. – En una extensa sesión celebrada la madrugada del 31 de julio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó tres importantes contratos de préstamos internacionales por un total de US$615 millones, destinados a fortalecer áreas críticas como agua potable, saneamiento y resiliencia climática en la infraestructura del país.
Esta aprobación se produce en un contexto de desaceleración económica, reconocido por el presidente Luis Abinader, y busca inyectar recursos en sectores considerados estratégicos para el desarrollo sostenible y la protección ambiental.
Detalle de los préstamos aprobados:
US$35 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF):
Este préstamo financiará la ampliación del Acueducto Oriental, la construcción de una barrera de salinidad y la transferencia de agua hacia Santo Domingo Norte. La ejecución estará a cargo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).US$380 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
Dirigidos al Programa de Saneamiento Universal en ciudades costeras y turísticas, estos fondos serán gestionados por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA). Se priorizarán zonas como La Romana, San Pedro de Macorís e Higüey, donde el impacto turístico exige mejoras urgentes en infraestructura sanitaria.US$200 millones adicionales del BID:
Orientados al fortalecimiento de la resiliencia climática en infraestructura vial, especialmente puentes y otras estructuras vulnerables ante fenómenos naturales. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)será el responsable de su ejecución, incorporando tecnologías de monitoreo e ingeniería avanzada.
Los contratos fueron enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso bajo el argumento de que estas inversiones apuntalan la seguridad hídrica, ambiental y estructural del país, además de mejorar la competitividad turística y urbana.
La aprobación se realizó tras prolongados debates en el hemiciclo, en una jornada que también incluyó discusiones sobre la controversial reforma al Código Penal. Aunque la votación sobre los préstamos logró consenso mayoritario, ha generado preocupación en sectores económicos y sociales sobre el crecimiento del endeudamiento externo y sus efectos fiscales a largo plazo.
Expertos en política económica consultados destacan que, si bien los proyectos tienen impacto social y ambiental positivo, es crucial garantizar su transparencia, eficiencia en la ejecución y evaluación técnica independiente, para asegurar un retorno real de la inversión pública.
La Cámara de Diputados deberá ahora remitir los contratos al Senado para su ratificación definitiva, como establece el proceso legislativo.
La pregunta que queda abierta en el escenario económico dominicano es si este nuevo endeudamiento logrará generar el impacto transformador prometido o si agravará las ya complejas tensiones fiscales del país.
