Perú.- El Congreso del Perú aprobó la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, con 122 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, en una sesión relámpago que degenera en el capítulo más dramático de la crisis institucional del país. Inmediatamente, José Enrique Jerí Oré, quien ejercía como presidente del Congreso, juró como presidente interino, conforme a la sucesión constitucional vigente.
Esta decisión marca un punto de quiebre: el Ejecutivo de Boluarte, cada vez más aislado políticamente y debilitado a nivel social y moral, sucumbe ante un Legislativo que, con rapidez y sin resistencia, aceleró su destitución.
Contexto previo: gobernabilidad en franca decadencia
Desde su ingreso al Ejecutivo en diciembre de 2022, tras la vacancia de Pedro Castillo, el gobierno de Dina Boluarte navegó con fragilidad permanente. Su gestión fue criticada por su débil respuesta ante la creciente inseguridad, por escasos avances en políticas sociales y por escándalos acumulados que socavaron su legitimidad.
En los meses previos, su apoyo público estaba por los suelos —con encuestas que la situaban entre 2 % y 4 %—, reflejo de un gobierno que no lograba revertir la percepción de crisis permanente.
El escándalo más emblemático fue el llamado “Rolexgate”, relativo a relojes de lujo no declarados, que dañó su imagen de forma sostenida, aunque el Parlamento en varias ocasiones archivó las denuncias.
Paralelamente, la inseguridad —con miles de homicidios, extorsiones y episodios violentos— erosionaba la percepción ciudadana de que el Estado tenía control. Un atentado con disparos durante un concierto en Lima escaló la tensión pública, generando conmoción y amplificando el rechazo al Ejecutivo.
Ante esta combinación de desgaste institucional, agobio social y escándalos político-morales, el terreno se volvió propicio para que las bancadas alzaran la moción de vacancia como recurso definitivo.
El proceso de vacancia: velocidad y ausencia de debate
1. Presentación de mociones
El 9 de octubre de 2025, diversas bancadas presentaron al menos cuatro mociones de vacancia contra Boluarte bajo el argumento de “incapacidad moral permanente”. Las propuestas contaban con respaldo suficiente para ser admitidas. Las causas señaladas incluían: la inacción frente al deterioro de la seguridad, la crisis de gobernabilidad, y denuncias de corrupción no despejadas.
2. Omisión de defensa y debate relámpago
Boluarte optó por no presentarse al Congreso para ejercer su defensa, bajo el argumento de que no se le concedió tiempo suficiente para preparar su intervención. Su equipo alegó vulneración de su derecho de defensa.
Esa madrugada, el debate fue sumariamente llevado al Pleno. A la 00:07 se declaró oficialmente su vacancia.
3. Votación y transición inmediata
La votación fue contundente: 122 votos a favor, sin contrarios ni abstenciones. Con esta decisión, la vacancia quedó consumada y la presidencia recayó de inmediato en José Jerí, conforme lo establece el artículo 115 de la Constitución, al no haber vicepresidentes en funciones.
Posteriormente, se planteó una moción de censura contra la Mesa Directiva que presidía Jerí, pero esta fue rechazada antes de interferir en su asunción.
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Reacciones y ambiente político tras la vacancia
Congreso y partidos políticos. Bancadas que antes habían respaldado a Boluarte —como Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso— se sumaron al bloque de vacancia, evidenciando un viraje en alianzas políticas.
Oposición social y movilizaciones. Durante semanas previas, proliferaron protestas en Lima y otras regiones bajo consignas como “Dina asesina”. Sectores juveniles, movimientos regionales y ciudadanía movilizada exigían su salida.
Medios internacionales y organismos externos. La decisión fue seguida con atención desde gobiernos vecinos, organismos internacionales y medios globales, quienes llamaron a respetar el orden institucional y el normal desarrollo del proceso electoral.
Boluarte e impacto simbólico. En un mensaje grabado, la expresidenta defendió su gestión y denunció irregularidades en el procedimiento de vacancia, aunque ya había perdido el control institucional.
Desafíos del gobierno interino y escenarios futuros
El nuevo presidente interino, José Jerí, enfrenta un panorama cargado de riesgos:
Legitimidad precaria. Aunque asumido por sucesión constitucional, Jerí deberá construir apoyo parlamentario y social para gobernar sin imponer señales de ilegitimidad o captura partidaria.
Emergencia en seguridad. Frenar la ola de violencia será su prioridad urgente: homicidios, extorsiones y crimen organizado exigen una respuesta coordinada del Estado.
Gestión de elecciones 2026. Debe organizar un proceso electoral transparente y pacífico para abril de 2026, evitando suspicacias sobre parcialidad o manipulación.
Estabilidad institucional. En medio de polarización, protestas regionales o exigencias indígenas pueden desafiar al nuevo gobierno.
Sombra de investigaciones. La trayectoria de Jerí no está exenta de cuestionamientos: enfrenta denuncias previas por presunta violación, corrupción y denuncias de abuso, aunque algunas investigaciones han sido archivadas.
Análisis estratégico: ¿por qué colapsó el respaldo a Boluarte?
Desfase con las demandas ciudadanas. Un gobierno que no ofrecía respuestas contundentes frente a la inseguridad y violencia perdió su base mínima de sustentación social.
Escándalos persistentes. Rolexgate y otras denuncias erosionaron su autoridad moral, especialmente cuando no se responsabilizó con eficacia.
Volteo legislativo oportunista. Bancadas que en otras instancias habían participado de su sostenibilidad prefirieron alinearse con la vacancia, anticipando el costo político de mantenerla.
Momento propicio ante la proximidad electoral. La cercanía de los comicios de 2026 convirtió la vacancia en un caballo de troya político, promovido antes de que fuera más difícil revertir decisiones.
Catalizador simbólico: la violencia en concierto. El atentado con disparos en un concierto —uno de los detonantes públicos más visibles— fue aprovechado por la oposición para marcar la caída definitiva del gobierno.
La vacancia de Dina Boluarte no solo rompe su mandato: representa el colapso simbólico de un poder debilitado, una crisis institucional que exige del nuevo gobierno interino mayor prudencia, legitimidad y capacidad de gestión urgente.
