Washington.— Estados Unidos inició un cierre de gobierno este miércoles tras no alcanzarse un acuerdo en el Congreso sobre las leyes de financiamiento que debían aprobarse antes del inicio del nuevo año fiscal. La falta de consenso entre demócratas y republicanos ha derivado en la suspensión parcial de la administración federal, con impactos directos en agencias públicas y miles de trabajadores.
Este cierre es el primero en más de seis años y el tercero que ocurre durante la presidencia de Donald Trump, reflejando la persistente polarización política en torno a la aprobación de los presupuestos anuales, conocidos como asignaciones.
Las restricciones incluyen el despido temporal de empleados federales, suspensión de servicios y millonarias pérdidas por compensaciones. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) calculó que 750.000 empleados podrían ser suspendidos diariamente, lo que representa un costo de US$400 millones por día en salarios.
El impacto no se limita a la administración central. Entre las oficinas que se verán afectadas destacan bases militares, prisiones, juzgados federales, laboratorios nacionales, instalaciones médicas de veteranos, puertos, aeropuertos, oficinas del IRS, parques nacionales y agencias policiales como el FBI, ATF, DEA y CBP.
Si bien los militares en servicio activo están exceptuados del cierre y deben continuar trabajando, sus pagos quedarán diferidos hasta que se aprueben nuevas leyes de financiamiento. Esta situación genera incertidumbre entre las familias vinculadas a las fuerzas armadas, que dependen de los ingresos regulares para su sustento.
El presidente Trump responsabilizó a los demócratas, acusándolos de no negociar y advirtiendo que durante el cierre podría tomar “decisiones irreversibles” como despidos masivos o recortes en áreas sensibles. Desde la otra orilla política, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sostuvo en declaraciones a CNN que el bloqueo es resultado de la falta de voluntad republicana para llegar a un acuerdo, pese a los llamados previos a negociar.
La Casa Blanca reforzó esa narrativa con un cronómetro en su página web que contabiliza las horas transcurridas desde el inicio del cierre, acompañado del mensaje “los demócratas han cerrado el gobierno”.
La historia reciente recuerda los costos de estos bloqueos. Durante el cierre de 2019, que se prolongó por cinco semanas, la economía perdió cerca de US$3.000 millones que nunca se recuperaron, equivalentes al 0,02% del PIB anual. La CBO advierte que un cierre prolongado en 2025-2026 tendría un impacto acumulativo considerable sobre el crecimiento y la confianza empresarial.
Mientras tanto, millones de ciudadanos enfrentan la suspensión de servicios. En cierres anteriores se limitaron las operaciones de parques nacionales y museos, se cancelaron audiencias migratorias y se redujeron actividades administrativas clave. Este escenario podría repetirse o incluso profundizarse dependiendo de la duración del actual conflicto político.
El desenlace dependerá de la capacidad del Congreso para alcanzar un acuerdo bipartidista. Sin embargo, con la creciente confrontación entre republicanos y demócratas, no se vislumbra una solución inmediata. Cada día que pase prolongará el costo económico y social de este cierre, en un contexto donde el presupuesto federal es crucial para sostener programas, agencias y miles de empleos en todo el país.
